El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pedirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar al juez que suspendió todos los efectos y consecuencias de polémica Ley de la Industria Eléctrica.
“Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte Justicia de la Nación y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, dijo el mandatario durante la conferencia mañanera de este 12 de marzo.
PERO ¿QUIÉN ES EL JUEZ QUE PARÓ LA LEY ELÉCTRICA?
Se trata de Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Según datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gómez Fierro nació el 19 de octubre de 1983, en la ciudad capital de San Luis Potosí.
Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de donde se tituló en 2005.
Tiene Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con la especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana; también cursó la especialidad en Derecho Público en la Escuela Libre de Derecho y la Especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España.
Juan Pablo Gómez Fierro ingresó al Poder Judicial de la Federación desde dos años antes de su titulación, en junio de 2002.
Dentro del Poder Judicial, Gómez Fierro ha desempeñado los cargos de Oficial Judicial, Actuario Judicial, Secretario de Juzgado, Secretario de Tribunal y Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En enero del 2015 fue nombrado Juez de Distrito. Entonces llegó a ser titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Actualmente es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
LA POLÉMICA LEY ELÉCTRICA
La Ley Eléctrica fue aprobada por el Congreso sin quitarle una sola coma como ordenó el presidente, esto pese al llamado de la iniciativa privada, los gobiernos locales y hasta el de Estados Unidos de que podría alejar la inversión en el sector energético en México,
Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos pidió a México brindar un ambiente libre de inversión y señaló que ha escuchado preocupaciones del sector privado sobre la ley.
La ley amenaza con volcar el mercado eléctrico y pone en peligro millonarias inversiones del sector privado, aseguró The Wall Street Journal tras su aprobación.
"La ley da prioridad a la empresa eléctrica estatal sobre los generadores privados, amenazando con volcar el mercado eléctrico y poniendo en peligro miles de millones de dólares en inversiones privadas", señaló el diario estadounidense.
La "ganona" de la ley es la Comisión Federal de Electricidad, la cual será la encargada de la compra e ingreso del recurso al Sistema Eléctrico Nacional y no el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Entre los efectos negativos de la reforma señalado por opositores y expertos se encuentran el aumento en el costo de la generación de la energía eléctrica, los difícil que será competir en el mercado contra la CFE para empresas privadas y la incertidumbre para los inversionistas en el sector.
La ley también descarta el uso de la energía limpia para el abasto de electricidad, así como la transgresión de acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.