La oposición en el Senado de la República encabezada por el grupo parlamentario del PRI y del PAN criticó la propuesta de reforma energética del ejecutivo federal y los priistas afirmaron, durante la comparecencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que la reforma no va a pasar.
“Con todo respeto, pero también con toda convicción le decimos al gobierno federal que esa reforma constitucional en este Senado no de la República no va a pasar”, afirmó la senadora priista Claudia Ruiz Massieu.
Por su parte la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, de la bancada del PAN, cuestionó que la política económica del gobierno federal en materia energética ataca a una parte del sector privado y afirmó que la reforma energética nació muerta por lo que no va a ser posible que se traduzca al papel.
“Me queda claro el odio que este gobierno le tiene al sector privado salvo cuando se trata de asignarles contratos de manera preferente a la prima del presidente Obrador y a su compadre Arturo Quintanilla”, afirmó la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz.
Por su parte, Movimiento Ciudadano en la voz de la senadora Indira Kempis, cuestionó que la actual Administración federal le ha hecho perder tiempo a la iniciativa privada con la judicialización de sus procesos y la falta de certeza jurídica.
"No queremos perder el tiempo, secretaria. No queremos perder el tiempo que ha perdido este país para convertirse en la potencia mundial de energía que debería de ser hoy. El mundo ya no es como lo conocimos antes del COVID-19, hoy nos grita que si algo estamos haciendo mal es seguir dependiendo de los combustibles fósiles, porque hay que descarbonizar al planeta, sí o sí", afirmó Kempis.
Durante su comparecencia ante las y los senadores, Rocío Nahle defendió la reforma en materia energética y afirmó que ésta tiene el objetivo de asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, apoyar a los usuarios finales, garantizar el suministro nacional y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
La modificación propuesta al artículo 28 constitucional, asentó, se refiere a otorgar la seguridad energética nacional, al distribuir 54 por ciento de la generación con la Comisión Federal de Electricidad, y 46 por ciento a través de compañías privadas que ya están en el mercado.
Al respecto, enfatizó que no se va a expropiar ninguna infraestructura. “La ya existente podrá seguir participando en el mercado con su 46 por ciento, y no tendrá ningún costo financiero dicha reforma”.
La cancelación de los ventajosos contratos que obligan a la CFE a comprar y pagar la electricidad por 20 y 25 años a privados, explicó, “liberará a la empresa pública de una carga financiera impositiva, y a los privados los obligará a competir en un mercado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas comerciales y empresariales”.
La reforma energética se detuvo en la Cámara de Diputados debido a que Morena no alcanzaba la mayoría necesaria para aprobarla por lo que la Junta de Coordinación Política anunció que se iniciará un proceso de parlamento abierto para discutir la reforma en enero de 2022.
MJP