El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre.
Luego de analizar los alcances del Acuerdo, hoy en reunión de trabajo, el Pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información.
Cabe señalar que el INAI cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de hoy, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. En los próximos días, el Pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
El Instituto reitera su compromiso para garantizar el derecho de acceso a la información de la sociedad, sin restricción alguna, y evitar que el principio de máxima publicidad sea vulnerado.
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SEGOB RESPONDE A CONTROVERSIA DEL INAI
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el denominado “decretazo” no afecta el derecho a la información de los ciudadanos ni a la transparencia del gobierno.
“Con todo respeto: no hay lugar a una controversia”, apuntó el funcionario federal en mensaje directo al INAI.
En conferencia mañanera desde Zacatecas, el titular de la Segob manifestó que el acuerdo en cuestión establece solamente la apertura de una ventanilla para acelerar trámites que se traduzca en autorizaciones provisionales de 12 meses de vigencia para que no se frenen obras del gobierno.
“No se afecta el derecho a la transparencia, así que con todo respeto para el INAI, pues no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información”, indicó.
PROMOVERÁ PAN EN EL SENADO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO PRESIDENCIAL
El Partido Acción Nacional en el Senado de la República promoverá una acción de inconstitucionalidad por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación según el cual se consideran como de seguridad nacional las obras de infraestructura con lo que podrán reservar información y licitar directamente.
"Nosotros, por nuestra parte, aquí en el Senado, intentaremos desde luego la vía de la acción de inconstitucionalidad. Sabemos que es un camino que de repente no es fácil. Pero estamos obligados a hacerlo y por eso lo vamos a intentar. Y hay argumentación que permite sostener que sí es procedente la vía, porque aquí hay una afectación con este acuerdo", afirmó Julen Rementería, coordinador de los legisladores panistas en el Senado de la República.
Hasta el momento, el PAN es la única bancada que ha afirmado que interpondrán algún tipo de recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto presidencial.
Otras bancadas, como la de Movimiento Ciudadano, han afirmado que están estudiando el caso para decidir lo que corresponda.
El recién estrenado nuevo coordinador de la bancada naranja, Clemente Chávez, afirmó que es responsabilidad de las presidencias de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores interponer una controversia de inconstitucionalidad, aunque afirmó que su partido analiza la situación para tomar una decisión.
El Partido Revolucionario Institucional se pronunció de manera colectiva en contra del decreto y afirmó que se abre la puerta a la opacidad en la construcción de obras, sin embargo, además de su condena, no informaron sobre ningún tipo de medida legal en contra de esta disposición del ejecutivo federal.
De acuerdo con Julio Jiménez, especialista en derecho constitucional, en realidad cualquier bancada podría promover que se impulse una controversia constitucional que es lo que corresponde en el caso de un decreto presidencial.
Además, Jiménez llamó la atención sobre que además de ser inconstitucional, el decreto presidencial vulnera al Congreso de la Unión porque establece instrucciones y términos sobre materia competente del poder legislativo.
"¿Quién va a ser la primera institución que se aviente una obra bajo cumplimiento cabal del decreto presidencial?", cuestionó el abogado constitucionalista.