El relevo del ministro José Fernando Franco, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será uno de los temas prioritarios a debatir en el Senado en las próximas semanas. En ese contexto, especialistas consultados por La Silla Rota urgen a cambiar el formato de la elección, para evitar partidismos en el Poder Judicial de la Federación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió, este martes, su propuesta de tres aspirantes al cargo. Sin embargo, especialistas consideraron necesario modificar el formato de selección, que consiste en que el Senado reciba la terna para después entrevistar, analizar y votar dichos perfiles ante el pleno.
Javier Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la elección del nuevo ministro equivale a la contratación de un nuevo empleado. “Hay que evitar perfiles partidistas o cercanos al poder y aquellos que no tienen capacidades técnicas para estar en la Corte”, afirmó.
“Buscar perfiles independientes en lo político y con solidez en lo jurídico. Aunque es de esperar que, con este método de designación tan malo que hay, tendremos designaciones malas porque no siempre hay preguntas inteligentes del Senado o destacan por hacer preguntas poco serias. Y el resultado es que no podemos evaluar ni la independencia política ni competencia del candidato”.
Raúl Mejía, también es académico del CIDE y experto en Derecho Constitucional, afirmó que “es imposible alcanzar ministros neutrales en lo político”. “Me parece que eso es un cuento chino”, dijo, pero coincidió en que debe cambiarse el formato de proceso de selección.
“Si volvemos a ver en la terna a Loretta Ortiz es porque evidentemente es de Morena. Y Verónica de Gyves es muy cercana a ese partido. O si vemos de nuevo a Ana Laura Magaloni que, aunque tiene su propia ideología, ha trabajado para gobiernos estatales y federales. Entonces es difícil llegar a la neutralidad”.
Reyes enlistó “hemos visto designaciones de personas que no cumplen con el perfil como la ministra Yasmín Esquivel o la ministra Ríos-Farjat que ha mostrado contradicciones. O el ministro Eduardo Medina Mora, sin independencia política ni competencia técnica. Un ministro debe ser imparcial a partir de lo que dice la ley y la constitución, y no de lo que le dicen las presiones políticas o los favores”.
¿LIBERALES O CONSERVADORES?
La Corte evolucionó en los últimos 26 años, a partir de la reforma que realizó el expresidente Ernesto Zedillo, en 1994, para reducir el número de ministros, de 26 a 11.
Aunque han pasado casi tres décadas, los especialistas señalaron que esto trajo otros cambios notorios; pero que aún falta tiempo para hacer una amplia evaluación cuando la SCJN solo ha visto pasar dos o tres generaciones en este nuevo formato.
Mejía explicó que, con esta reforma, el Senado recibió del Ejecutivo una lista de 18 aspirantes y eligió 11 por un periodo de 10 años; y fue a partir de 2004 cuando iniciaron los relevos con propuestas de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, ahora, el presidente López Obrador.
Reyes afirmó que esto modificó drásticamente el perfil de aspirante a ministro. “En aquel tiempo eran todavía conservadores de la carrera judicial, juzgadores mucho más formalistas de lo que vino después. Un momento clave fue la renovación de 2003, con la llegada de José Ramón Cossío”.
Destacó que a partir de entonces se incorporaron ministras y ministros más modernos, con mayor apertura a los derechos humanos y los cambios a la Constitución. Pero, sobre todo, enfatizó que buscaron convertirse en el contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y ejemplificó a los ministros Arturo Zaldívar, Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara o la ministra Norma Piña.
Mejía se refirió al grupo de ministros que fueron catalogados como conservadores: Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora o Luis María Aguilar, entre otros. Y resaltó que sus posturas contrastaron con otras nuevas como el ministro Arturo Zaldívar quien se pronunció a favor del matrimonio igualitario o la legalización del aborto.
¿MINISTRO O MINISTRA?
El 29 de octubre, organizaciones de la sociedad civil vinculadas con derechos humanos, equidad y justicia, entregaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le solicitaron proponer perfiles de ministras para abonar a la equidad de género en el pleno del Poder Judicial y crearon dos hashtag: “Más mujeres en la Corte” y “Terna de mujeres”.
Este martes, el titular del Ejecutivo envió la terna al Senado de la República, en la propuesta están Verónica de Gyves, Loretta Ortiz y Bernardo Bátiz. Al respecto, las organizaciones se han manifestado porque se elija a una de las candidatas.
Los académicos del CIDE consideraron que este nuevo proceso de selección debe ser lo más abierto posible y evitar una elección a contra reloj en el Senado.
“Valorar sus méritos técnicos, analizar su perfil, qué cargos ha desempeñado y cómo lo han hecho”, propuso Reyes. “Lo agradeceríamos mucho, pero sabemos que no va a suceder y que el gobierno insistirá en sus candidatos hasta que pasen en el Senado”, complementó Mejía.
Aunque el tema de equidad es un factor de relevancia, Mejía opinó: "siempre, lo mejor es que haya un equilibrio 50 y 50, pero también le doy suficiente crédito a la capacidad. Si hay una mujer capaz, será mujer. Y si hay un hombre capaz, será hombre. Pero no debemos forzar las condiciones de género”.
LA RELACIÓN AMLO-SCJN
La Silla Rota dado seguimiento puntual a este tema. Desde hace tres años, textos de este medio han señalado que la intención del Poder Ejecutivo es controlar al Poder Judicial, resultado de las diversas señales que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte.
La primera ocurrió en diciembre de 2018, a principios del sexenio, cuando López Obrador acudió al informe del ministro presidente Luis María Aguilar, pero no acudió a la tradicional comida con los integrantes de la Corte.
Un año después, ocurrió la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora, en el contexto de las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF) de Hacienda a sus cuentas bancarias.
Este año, el mandatario cuestionó el salario de los magistrados en el contexto de la austeridad, así como algunos beneficios en cuanto a sus seguros y casas de descanso.
Apenas en abril, se desataron críticas frente al conflicto mediático que causó la propuesta de las bancadas oficialistas en el Senado (el senador del PVEM Raúl Bolaños, secundado por el morenista Ricardo Monreal) para que el ministro presidente Arturo Zaldívar extendiera su mandato dos años más, con el visto bueno del titular del Ejecutivo. Esto fue interpretado también como un intento de López Obrador por controlar al otro poder.
Después de tres meses, el propio Zaldívar rechazó “la oferta” del legislativo, pues la opinión pública le cuestionó, en ese periodo de tiempo, no haber manifestado un posicionamiento claro al respecto de la reforma legal.
A estos desequilibrios, se suma el conflicto entre los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, que ocurrió entre abril y agosto de este año, cuando la mayoría de los magistrados manifestó su rechazo al manejo del magistrado José Luis Vargas Valdez, a quien se le consideró como aliado del gobierno federal en turno.
Los desencuentros entre ellos derivaron en la remoción de Vargas por mediación del ministro Zaldívar; y se abrió camino a una nueva presidencia para el magistrado Reyes Rodríguez, a quien se le ha señalado por su pasada filiación al PAN.
Por último, la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un recorte presupuestal de 3 mil millones de pesos al Poder Judicial, en el Presupuesto de Egresos 2022, lo que la oposición calificó como un golpe a sus finanzas.
ACZ