La comunidad científica en México y a nivel internacional ha mostrado su indignación ante la persecución del gobierno en contra de 31 científicos por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero. Estas acusaciones son negadas por los académicos e incluso señalan que hay motivaciones políticas involucradas.
Los acusados con los que habló Nature niegan las acusaciones. Pero la situación ha atraído una gran atención en México, porque tales cargos generalmente están reservados para los narcotraficantes y son tan graves que incluso una acusación formal puede resultar en encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de libertad bajo fianza hasta que se lleve a cabo un juicio.
LA INDIGNACIÓN INTERNACIONAL
Desde que salieron a la luz las acusaciones, la comunidad académica internacional se ha unido a las 31 personas. Más de 50 universidades y sociedades profesionales, incluidas las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EU (NASEM), han escrito cartas abiertas y artículos de opinión condenando la acusación.
Hasta ahora, un juez se ha negado a otorgar una orden de arresto y ha rechazado los cargos, diciendo que no hay pruebas suficientes para un caso penal.
"SE HA CREADO MUCHO MIEDO"
Muchos científicos creen que los últimos avances son parte de una campaña de miedo para silenciar a los investigadores que se oponen a las políticas gubernamentales. “La situación es bastante alarmante”, dice David Romero, un genetista de la UNAM en Cuernavaca que no se encuentra entre los acusados. “Aplicar ese tipo de cargos (a académicos) no había ocurrido antes, y esto ha causado mucha confusión en México”.
Los académicos temen que el caso ya esté dañando la opinión pública de los científicos en México. “Compartimos la preocupación de muchos miembros de la comunidad científica internacional de que nuestros colegas científicos mexicanos estén siendo objeto de acoso e intimidación”, escribió NASEM en una misiva del 6 de octubre a López Obrador. “Además de los inquietantes aspectos de derechos humanos de su situación, nos preocupa que las acciones contra nuestros colegas puedan tener un efecto paralizador en la comunidad científica mexicana en general”.
Los acusados también comparten esos temores. “Para una parte del público, ya somos culpables de algo”, dice el astrofísico José Franco. “Nuestros nombres se han puesto en el centro de atención y se ha creado mucho miedo, no solo entre nosotros sino entre toda la comunidad científica”.
Romero, Franco y algunos de los otros siete científicos y funcionarios acusados con quienes Nature se acercó creen que al denunciarlos al gobierno, Conacyt está tratando de dañar la reputación de las personas involucradas en el Foro, que habían criticado los recortes presupuestarios y otras políticas.
LAS ACUSACIONES
Las acusaciones se centran en un consejo científico asesor del gobierno, anteriormente independiente, llamado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, o Foro Consultivo, que fue financiado en gran parte por la principal agencia científica de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y desde entonces ha sido traído bajo los auspicios de esa agencia.
El fiscal alega que entre 2012 y 2018, antes de que el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo, Conacyt y el Foro se asociaron para canalizar 471 millones de pesos del dinero de la agencia al Foro.
De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión de la Fiscalía, las 31 personas vinculadas al Foro y Conacyt utilizaron estos fondos para viajes, compra de propiedades, tintorería y otros fines ajenos al mandato de Conacyt.
Los académicos acusados y el juez han señalado que en el momento en que se incurrieron los gastos, la propia constitución del Conacyt ordenaba que pagara los gastos operativos del panel asesor, así como su trabajo de investigación.
Franco y las otras partes acusadas también dicen que las acusaciones carecen de fundamento y que el dinero se utilizó para fines legales, como comprar una oficina para los miembros del personal del Foro y financiar los viajes necesarios a reuniones científicas. Además, desde que se fundó el Foro en 2002, Conacyt ha aprobado todos sus presupuestos y gastos, que según el Foro han sido controlados periódicamente por auditores externos.
(Luis Ramos)