En los últimos meses se han incrementado las descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, provenientes en muchos casos de funcionarios del Estado y la reproducción de esta narrativa en las redes sociales fomentan la división social y agudizan la situación crítica de violencia contra la prensa, considera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Los recientes insultos y descalificaciones de servidores públicos contra comunicadores en redes sociales ocurrieron de manera previa a diversos ataques en esas plataformas digitales contra periodistas, e incluso uno de ellos recibió una amenaza anónima en su domicilio, por lo cual no debe pasar inadvertido que tales agresiones se dan en el contexto del discurso amenazante de funcionarios que fomenta ambientes poco propicios para el ejercicio del periodismo e incrementa el riesgo de quienes lo ejercen”, apunta el organismo a través de un comunicado.
La CNDH recuerda que en los 19 años que van de este siglo en en continente americano se contabilizan 149 periodistas asesinados, además de 21 desaparecidos desde 2005.
Por ello, insta la Comisión a los servidores públicos, se debe priorizar “la autocontención, tolerancia a la crítica y responsabilidad permanente ante la posición, poder de influencia y jerarquía que sus palabras y acciones tienen al interior de las instituciones en que laboran y en todos los sectores sociales que siguen o son influenciados por los discursos y determinaciones que lleven a cabo quienes tienen un cargo en cualquiera de los tres niveles de gobierno”.
En adición, pone de relieve que la deliberación y la discusión públicas, como parte importante de la vida democrática que en ocasiones deriva en debates y críticas “vigorosos y hasta incómodos”, no deben trascender a descalificaciones, estigmatizaciones o insultos hacia comunicadores y medios.
Y ejemplifica con un caso presentado en sudamérica, denominado Perozo y otros vs. Venezuela, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) analizó una serie de actos violentos de particulares contra un canal de televisión que incluyeron agresiones físicas contra reporteros que cubrían eventos públicos, daños a equipos del canal y ataques contra sus instalaciones mediante granadas de fragmentación.
Los ataques se originaron luego de que altos funcionarios del gobierno se refirieron a los trabajadores de ese canal como “enemigos del pueblo”, “fascistas” o “traidores”.
“Al respecto, la CrIDH señaló que el Estado vulneró los artículos 5 y 13 de la Convención Americana, relacionados con la integridad personal y la libertad de expresión, pues dichas declaraciones situaron a los empleados de ese medio de comunicación en una posición de mayor vulnerabilidad frente al Estado y a ciertos sectores de la sociedad”, detalla la CNDH.
djh