Una investigación exhaustiva de The New York Times reveló las complejidades detrás de la acelerada remodelación del nuevo avión presidencial Air Force One, una aeronave donada por el gobierno de Catar, cuya puesta en marcha fue impulsada para coincidir con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El total, el gobierno del presidente Donald TGrump gastaría 5,100 millones de dólares para 2028 en adecuaciones de la aeronave.
Según el diario, este esfuerzo resultó en un aumento considerable de los costos y en la renuncia a funciones de seguridad críticas para cumplir con los plazos establecidos.
Contexto: La aeronave, un Boeing 747-8 diseñado originalmente para la familia real catarí, fue inspeccionada por el presidente Trump en febrero de 2025, momento en el que decidió utilizarla como una solución temporal ante los retrasos de la flota permanente.
El interior original del avión contaba con "un espacioso dormitorio adornado con cuero y madera, y un salón con una lámpara de araña y otro con asientos de gamuza".
Aunque expertos señalaron que una actualización completa de este tipo requeriría varios años, el proceso se comprimió a solo ocho meses para que el avión estuviera listo para el 4 de julio de 2026.
De acuerdo con el diario neoyorquino, "el impulso del presidente por conseguir rápidamente el avión de lujo provocó un aumento de los costos y compensaciones en las características de seguridad".
Financiamiento bajo escrutinio: revelaciones del NYT
A pesar de que la administración reconoció públicamente un costo de 400 millones de dólares por las adecuaciones, The New York Times reveló que el gasto total es mucho mayor.
Para cubrir los costos y evitar la supervisión del Congreso, el Pentágono transfirió 934 millones de dólares de un programa de modernización nuclear denominado "Sentinel" hacia un proyecto clasificado relacionado con la aeronave, publicó el diario.
A esto se suman aproximadamente 400 millones de dólares adicionales gastados en la compra de otros dos Boeing 747-8 (uno a Lufthansa) para entrenamiento de pilotos y suministro de piezas de repuesto, elevando la inversión total del proyecto de modernización a un estimado de 5,100 millones de dólares para 2028.
Compromisos en la seguridad nacional
La prisa por entregar la unidad antes del aniversario nacional llevó a omitir sistemas tecnológicos presentes en versiones anteriores del Air Force One. Entre las ausencias notables documentadas por el Times y confirmadas por registros de la Fuerza Aérea se encuentran:
- Sistemas de defensa antimisiles: El avión carece de contramedidas infrarrojas avanzadas diseñadas para desviar proyectiles,.
- Entrada de nivel inferior: No posee la escalera retráctil que permite al mandatario entrar o salir en entornos de alto riesgo sin depender de equipo terrestre externo.
- Respaldo eléctrico: Solo cuenta con una unidad de potencia auxiliar (APU), en lugar de las dos que garantizan energía ininterrumpida y un arranque más rápido de los motores en emergencias.
Frank Kendall, exsecretario de la Fuerza Aérea, declaró al rotativo: "La gente debe ser consciente de que tiene muchas deficiencias en comparación con el Air Force One; añaden una medida de riesgo".
Incidente en Turquía y batalla legal contra la prensa
La vulnerabilidad de la aeronave quedó en evidencia durante la reciente cumbre de la OTAN en Turquía. El Servicio Secreto recomendó al presidente regresar en el avión presidencial antiguo tras identificarse una amenaza creíble de fuerzas aliadas a Irán, debido a que el nuevo jet carecía de sistemas defensivos suficientes,.
A raíz de estas revelaciones, el Departamento de Justicia inició una investigación para identificar las fuentes de la filtración, emitiendo citaciones judiciales para obtener registros telefónicos de periodistas de The New York Times.
Según un cable de la agencia EFE, la administración informó recientemente a un tribunal federal en Nueva York que retirará dichas demandas.
Esta marcha atrás legal ocurrió después de que el juez federal Arun Subramanian cuestionara a la Fiscalía por posibles "errores involuntarios" y un presunto "abuso de poder gubernamental descarado e imprudente" en la solicitud de los registros. El diario calificó la acción judicial como un intento de intimidación, mientras que el Departamento de Justicia mantiene abierta la investigación por la filtración de información clasificada.