A finales de marzo de 2022, un fin de semana de violencia extrema que cobró 87 vidas transformó el paisaje social de El Salvador para siempre. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia se convirtió en una política permanente que ha llevado al país a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con un estimado de 1,824 personas presas por cada 100,000 habitantes, lo que significa que aproximadamente uno de cada 70 habitantes ha sido privado de su libertad. Detrás de la narrativa oficial de paz, el régimen de excepción ha normalizado la suspensión de garantías constitucionales, creando un sistema donde la captura masiva se antepone a cualquier estándar mínimo de investigación previa.
Para miles de familias salvadoreñas, la estrategia de seguridad no se traduce en tranquilidad, sino en una búsqueda desesperada por información que el Estado suele negar sistemáticamente mediante el bloqueo de datos públicos. Con más de 92,480 detenciones registradas hasta mediados de 2026, organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario estiman que un alarmante 40% de estas capturas han sido arbitrarias o ilegales, muchas veces basadas en "cuotas diarias" impuestas a la policía. En este escenario, han resurgido las desapariciones forzadas de corta duración, con 540 casos documentados de personas cuyo paradero se volvió un misterio durante días o meses tras ser arrestadas sin orden judicial.
El interior de los penales, descritos por sobrevivientes como un "infierno" de golpes y hambre, es el escenario de una crisis humanitaria que ya suma al menos 547 muertes bajo custodia estatal hasta julio de 2026. Los informes de monitoreo revelan un patrón desolador: el 94% de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros y murieron en total impunidad sin haber sido vencidos en juicio. De estas muertes, aproximadamente el 40% se debió a actos violentos que incluyen torturas y estrangulamientos, mientras que un 30% adicional fue consecuencia de la negligencia médica ante un hacinamiento extremo que ha llegado a superar el 300% de la capacidad del sistema.
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El impacto social de este modelo trasciende los muros de las prisiones, dejando a un aproximado de 100,000 niñas, niños y adolescentes en situación de abandono tras la detención de sus cuidadores. Mientras el sistema judicial enfrenta un colapso con audiencias masivas donde el 87% de las víctimas reporta una falta absoluta al debido proceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insiste en que la mejora en los índices de seguridad no justifica la suspensión permanente de derechos. El Salvador se encuentra hoy ante una encrucijada donde la seguridad ciudadana parece haber tenido un costo humano y democrático irreversible.
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En ese contexto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca su reelección. Él aseguró que la reforma constitucional que abrió la puerta a la reelección presidencial indefinida fue aprobada mediante mecanismos democráticos y con el respaldo de una mayoría legislativa elegida en las urnas. Sus declaraciones llegan después de que el partido oficialista, Nuevas Ideas, confirmara que el mandatario ganó las elecciones primarias para convertirse en su candidato presidencial rumbo a los comicios de 2027, en los que buscará un tercer mandato consecutivo.
La nueva candidatura de Bukele reavivó el debate internacional sobre el rumbo institucional de El Salvador. Ante las críticas por la eliminación de los límites a la reelección presidencial, Bukele sostuvo que "prácticamente todos los países han modificado sus constituciones" y afirmó que, en el caso salvadoreño, las reformas fueron aprobadas por representantes electos democráticamente y sin que los procesos electorales hayan sido desconocidos por la comunidad internacional.
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa, controlada ampliamente por el oficialismo, aprobó y ratificó, en una sola sesión, una reforma a cinco artículos de la Constitución que eliminó las restricciones para la reelección presidencial inmediata.
Las modificaciones también ampliaron el periodo presidencial de cinco a seis años, eliminaron la segunda vuelta electoral y adelantaron las elecciones presidenciales a 2027 para hacerlas coincidir con los comicios legislativos y municipales.
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El caso Ruth López, ejemplo de la presión contra voces críticas
El clima político también ha generado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales por el trato hacia activistas y defensores de derechos humanos.
Uno de los casos más representativos es el de la abogada Ruth López, exjefa Anticorrupción de Cristosal, detenida en mayo de 2025.
Inicialmente fue acusada de peculado por su trabajo como asesora del Tribunal Supremo Electoral durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Posteriormente, la Fiscalía modificó el proceso y presentó cargos por presunto enriquecimiento ilícito.
Para Noa Bullock, director de Cristosal, el caso constituye "un intento de silenciar todas las voces críticas" del país.
La hermana de la abogada, Claudia López, denunció públicamente que la activista permanece detenida en la Granja Penitenciaria de Izalco y aseguró que la familia continuará exigiendo su liberación.
Durante su trayectoria profesional, Ruth López promovió investigaciones sobre corrupción, transparencia gubernamental y litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Amnistía Internacional alerta sobre posibles crímenes de lesa humanidad
Contexto: Mientras Bukele prepara su nueva candidatura, Amnistía Internacional presentó el informe "Seguridad sin derechos", en el que concluye que las violaciones documentadas durante el régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La organización sostiene que las detenciones masivas, las denuncias de tortura, las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia y otras violaciones no corresponden a hechos aislados, sino a patrones sistemáticos favorecidos por cambios institucionales y legales implementados durante los últimos años.
La investigación se basa en seis misiones de documentación realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, además de 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, policías y otros actores involucrados. También documenta 82 casos considerados representativos de los principales patrones de abusos.
Esta no es la única advertencia internacional. En marzo pasado, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) también señaló la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
El régimen de excepción: la estrategia de seguridad que divide opiniones
El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022 tras una ola de homicidios atribuida a las pandillas que dejó más de 80 víctimas en un solo fin de semana.
Desde entonces, más de 92 mil personas han sido detenidas acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales. La medida continúa vigente con el respaldo de la Asamblea Legislativa y mantiene altos niveles de aprobación ciudadana, cercanos al 85 %, según diversos sondeos.
No obstante, organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6 mil 400 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, principalmente relacionadas con detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y falta de garantías procesales.
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El modelo Bukele y el hacinamiento en las cárceles
Uno de los pilares de la estrategia de seguridad del gobierno ha sido el encarcelamiento masivo de presuntos integrantes de pandillas.
Según el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), al cierre de 2025 El Salvador registraba 118 mil 369 personas privadas de la libertad, pese a que el sistema penitenciario fue diseñado para albergar únicamente a 30 mil 864 internos.
Esto representa un hacinamiento estimado del 261 %, equivalente a una población penitenciaria 2.6 veces superior a la capacidad efectiva del sistema.
El país también alcanzó una tasa de 1,963 personas encarceladas por cada 100 mil habitantes, considerada una de las más altas del mundo.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Bukele, alberga a poco más de 14 mil 500 internos, muy por debajo de su capacidad nominal de 40 mil personas. La mayor parte de los detenidos permanece distribuida en las cárceles tradicionales del país.
Los testimonios desde las cárceles
Diversos testimonios recopilados por periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos describen condiciones extremadamente severas dentro de los centros penitenciarios.
En el libro Bukele, el rey desnudo, el periodista Óscar Martínez recoge el relato de un joven que permaneció detenido durante el régimen de excepción.
"Yo veía cómo lamían el suelo por el hambre", narró el sobreviviente al describir las condiciones de reclusión.
Informes de Human Rights Watch documentan denuncias sobre golpes, falta de atención médica, hacinamiento y desnutrición. Otros testimonios describen la utilización de bolsas para provocar asfixia, brotes de enfermedades cutáneas y fallecimientos relacionados con la ausencia de atención médica.
El presidente Bukele ha rechazado estas acusaciones y sostiene que su gobierno prioriza los derechos humanos de la "gente honrada y trabajadora", además de acusar a algunas organizaciones internacionales de defender a delincuentes.
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El costo humano de la "mano dura"
El Salvador se ha consolidado como el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, alcanzando un estimado de 1,824 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes.
Desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades han detenido a más de 92,480 personas, una cifra que triplicó la población carcelaria en apenas unos meses. Sin embargo, la efectividad de estas capturas es cuestionada por organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que estiman que el 40% de las detenciones son arbitrarias e ilegales, a menudo basadas en "cuotas diarias" impuestas a los agentes de seguridad o en llamadas anónimas sin investigación previa.
La crisis de derechos humanos se manifiesta con mayor gravedad en las cárceles salvadoreñas, donde la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal se elevó al menos a 547 víctimas hasta julio de 2026.
Informes de monitoreo destacan que el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron en total impunidad sin haber sido vencidas en juicio. De acuerdo con los análisis forenses y testimonios de familiares, aproximadamente el 40% de estas muertes fueron violentas, con cadáveres que presentaban señales de tortura y estrangulamiento, mientras que otro 30% se debió a la negligencia médica ante enfermedades crónicas o adquiridas en el hacinamiento extremo.
El modelo de seguridad también ha dado paso al resurgimiento de la desaparición forzada, con 540 casos documentados por organizaciones civiles hasta inicios de 2026, lo que representa un incremento del 178% respecto al primer año del régimen.
Estas desapariciones, frecuentemente de corta duración, ocurren cuando el Estado se niega a reconocer la detención o a brindar información sobre el paradero de los reclusos durante días o meses.
Este escenario de indefensión se agrava por el colapso del sistema judicial: el 87% de las víctimas reportan una falta absoluta al debido proceso, enfrentando audiencias masivas donde la defensa pública no tiene capacidad material para individualizar las responsabilidades penales.
Finalmente, el impacto social de estas políticas trasciende los muros de las prisiones, dejando a un aproximado de 100,000 niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o desamparo debido a la detención de sus padres.
En el interior de los penales, testimonios de liberados denuncian métodos sistemáticos de tortura, que incluyen golpizas, descargas eléctricas y el uso de gas pimienta como castigo disciplinario.
Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la mejora en los índices de seguridad no justifica mantener la suspensión de garantías constitucionales, instando al Estado a transitar hacia una política criminal que respete la dignidad humana
AJA