El gobierno de Donald Trump anunció este lunes una nueva ofensiva migratoria, una estrategia que busca retirarles la ciudadanía estadounidense a aquellas personas que se naturalizaron, pero que son señaladas de haber hecho trampa en sus trámites o de estar involucradas en delitos serios.
El Departamento de Justicia ya dio el primer paso al demandar ante tribunales federales a 17 ciudadanos naturalizados acusados de crímenes graves, como narcotráfico, fraudes bancarios y abuso sexual de menores, los señalados provienen de países como México, Colombia, Cuba, Haití, India, Jamaica, Filipinas y Somalia.
Todo esto ocurre en un momento en que la política migratoria vuelve a ser el tema principal en Estados Unidos, marcando el regreso de la "mano dura" que ha caracterizado a Trump desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025.
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Gobierno de Trump endurece medidas contra inmigrantes naturalizados
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las acciones legales buscan revocar la ciudadanía a quienes presuntamente ocultaron información, mintieron o incurrieron en irregularidades durante sus trámites de naturalización.
El fiscal general interino, Todd Blanche, fue contundente al decir que no se puede abusar del sistema, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió que usarán todas las herramientas legales para sacar del país a quienes se aprovecharon del proceso.
Mullin incluso usó sus redes sociales para recordar que ser ciudadano de Estados Unidos es "un privilegio", y que ese privilegio se pierde si se descubre que el proceso se basó en mentiras.
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¿Qué pasaría si pierden la ciudadanía estadounidense?
Las autoridades estadounidenses explicaron que, si los tribunales fallan a favor del gobierno, las personas involucradas regresarían automáticamente a su estatus migratorio previo a la naturalización. Eso implicaría perder todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección contra procesos de deportación.
La administración Trump también indicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia enfocada en revisar procesos migratorios, reforzar controles y aumentar la vigilancia sobre personas naturalizadas con antecedentes penales.
La noticia ha generado atención debido a que la medida involucra a ciudadanos ya naturalizados, un tema que históricamente ha sido poco frecuente en comparación con deportaciones o cancelaciones de visas.
Esta medida es parte del plan de Trump para reforzar la seguridad nacional, retomando las políticas estrictas de su primer mandato. Sin embargo, el anuncio no ha pasado desapercibido:
En la política: Ocurre justo cuando se acercan las elecciones intermedias, donde el tema migratorio es clave para los votantes conservadores.
En la comunidad: Organizaciones como Human Rights Watch y la American Immigration Council han mostrado su preocupación, señalando que este tipo de acciones aumentan la presión y el miedo en las comunidades migrantes, que hoy cuentan con más de 24 millones de ciudadanos naturalizados en todo el país.
Contexto
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que la ciudadanía puede ser revocada en casos específicos relacionados con fraude migratorio, falsificación de información o delitos graves vinculados directamente con el proceso de naturalización. Por su parte, el Migration Policy Institute documenta que Estados Unidos cuenta con más de 24 millones de ciudadanos naturalizados, quienes representan una parte importante de la población migrante del país.
Organismos como Human Rights Watch y la American Immigration Council han señalado en distintos informes que las políticas migratorias implementadas durante administraciones recientes han incrementado la presión legal y administrativa sobre comunidades migrantes en Estados Unidos.