Los Ángeles, California.- A un año de las redadas migratorias realizadas por autoridades federales en el Distrito de la Moda de Los Ángeles, numerosos pequeños negocios continúan enfrentando graves dificultades económicas derivadas de la disminución de clientes y del clima de temor que persiste entre las comunidades migrantes.
Entre los afectados se encuentran Joel Gálvez y Leonor Torres, propietarios de varias tiendas especializadas en vestidos para quinceañeras, bodas, graduaciones y otros eventos sociales. Según relataron al diario Los Angeles Times, sus ventas cayeron drásticamente después de los operativos migratorios efectuados en junio de 2025, cuando agentes federales realizaron arrestos en la zona comercial.
Antes de las redadas, los fines de semana representaban los días de mayor actividad para sus negocios. Sin embargo, desde entonces las tiendas registran una reducción significativa en el flujo de clientes, particularmente entre familias latinas que tradicionalmente acudían a realizar compras para celebraciones importantes.
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La caída en las ventas también ha afectado a otros sectores vinculados a la industria de las quinceañeras, incluyendo salones de eventos, empresas de limusinas, floristerías, diseñadores de invitaciones y proveedores de servicios relacionados con festejos familiares.
De acuerdo con datos citados por el medio estadounidense, el Distrito de la Moda, que recibe cerca de dos millones de visitantes al año, experimentó una disminución cercana al 13 por ciento en su afluencia anual de compradores tras los operativos migratorios. Empresarios de la zona señalan que el temor a posibles detenciones ha provocado que muchas personas eviten visitar el área.
Gálvez y Torres aseguran que, además de la caída de ingresos, han acumulado importantes deudas debido a la reducción de ventas y al exceso de inventario. A pesar de las dificultades financieras, ambos afirman que mantienen abiertas sus tiendas con la esperanza de que la actividad comercial pueda recuperarse.
La situación refleja el impacto económico que las acciones de control migratorio han tenido en una de las zonas comerciales más importantes para las comunidades inmigrantes y latinas del sur de California.
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Contexto, a un año de las redadas de ICE en Los Ángeles
La mañana del 6 de junio de 2025 agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desataron múltiples operativos que se extendieron por todo el condado, el más poblado de Estados Unidos y hogar de más de 3 millones de migrantes.
Esa mañana, los operativos simultáneos se extendieron a más de siete lugares, incluido una tienda Home Depot, donde jornaleros que ofrecían su mano de obra se vieron rodeados y detenidos a la fuerza.
Defensores de los derechos civiles respondieron para tratar de evitar las irregularidades, pero ellos también fueron detenidos y acusados por cargos federales.
Los operativos de ese día revelaron la táctica que el Gobierno Trump implementaría por meses alrededor del país para lograr la meta de un millón de deportados en su primer año.
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"Apuntaba a los migrantes más vulnerables", dijo a EFE Ron Gochez, vocero del colectivo Unión del Barrio, que considera que Los Ángeles fue un laboratorio para implementar el plan que buscaba atemorizar a la comunidad.
Pero las detenciones, en las que se evidenció uso de fuerza excesiva, provocaron una serie de manifestaciones y estallidos de protestas, que la Casa Blanca trató de contrarrestar con el despliegue de la Guardia Nacional de California, sin la anuencia del gobernador Gavin Newsom, en un hecho que no ocurría en más de 60 años.
“Hace un año, Los Ángeles vivió la militarización de nuestros barrios, pero nuestra respuesta fue clara: no nos dejaríamos intimidar por el racismo y la división”, indicó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
La indignación por las redadas fue más allá de las protestas de los defensores de los derechos civiles: vecinos, iglesias, sindicatos, funcionarios electos, el condado y el estado se unieron en una respuesta sin precedentes para contrarrestar las detenciones.
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