Altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) decidieron cerrar una investigación penal de varios años contra Abbott Laboratories relacionada con la gestión de una planta de fórmulas para bebés donde se detectaron bacterias potencialmente mortales, de acuerdo con una nota publicada por el periódico The Wall Street Journal.
El cierre de la investigación ocurre a pesar de que algunos fiscales creían firmemente tener evidencia suficiente para presentar cargos penales por la presunta venta de alimentos contaminados.
Discrepancias internas y un cambio de política
Para el diario The Wall Street Journal, el caso ilustra un cambio significativo en el enfoque del Departamento de Justicia bajo la administración del presidente Trump, alejándose de una aplicación estricta de la ley corporativa. Según fuentes familiarizadas con el asunto, algunos supervisores consideraron que el caso era sólido, pero la decisión final reflejó una nueva directriz de minimizar las sanciones penales cuando se pueden aplicar multas civiles.
Una portavoz del Departamento de Justicia confirmó el cierre de la indagatoria, señalando que los cargos penales habrían sido excesivos y que las preocupaciones se resolvieron mediante una demanda civil.
La portavoz declaró: “Garantizar la seguridad del suministro de alimentos de nuestra nación es una prioridad absoluta para la administración Trump; sin embargo, este Departamento de Justicia no cree en la regulación mediante el enjuiciamiento”.
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Hallazgos en la planta de Sturgis
La investigación se centró en la planta de Abbott en Sturgis, Michigan, donde en 2022 se descubrió la bacteria cronobacter sakazakii, la cual es especialmente peligrosa para los bebés.
En su momento, los inspectores de la FDA encontraron una larga lista de deficiencias, incluyendo agua estancada en múltiples ubicaciones y empleados que no se lavaban las manos adecuadamente tras trabajar directamente con la fórmula.
Un exfuncionario de la FDA testificó ante el Congreso que se habían hallado cinco cepas diferentes de la bacteria, calificando la instalación como “fuera de control”.
Además, el Departamento de Justicia alegó en una demanda civil relacionada que la empresa tenía una “cultura de ocultamiento” y que “retuvo información de la FDA relacionada con la presencia de microorganismos en la instalación de Sturgis”.
La postura de Abbott y el impacto legal
Abbott ha negado cualquier vínculo directo entre las condiciones de su planta y las enfermedades reportadas en cuatro bebés, dos de los cuales fallecieron.
Un portavoz de la compañía subrayó que “ninguna fórmula infantil de Abbott distribuida y sin abrir ha dado positivo por la bacteria que enfermó a los bebés”.
El equipo legal de Abbott incluyó a Mark Filip, ex subprocurador general, quien el año pasado instó al Departamento de Justicia a reformar la oficina encargada de la investigación y a eliminar su capacidad para presentar casos penales.
Un respiro para los directores ejecutivos
Este desenlace es visto como un resultado de la orden ejecutiva de mayo de 2025, que reserva el enjuiciamiento para casos donde las empresas “eligen voluntariamente no cumplir, causando o arriesgando así un daño público sustancial”.
Bill Marler, abogado que representa a víctimas de enfermedades transmitidas por alimentos, comentó que este cambio de política “trajo un gran suspiro de alivio a los directores ejecutivos de todo el país”, ya que el uso de sanciones penales solía mantener a los líderes de la industria alimentaria bajo alerta constante.
Aunque la vía penal se ha cerrado, el Departamento de Justicia afirma que la resolución civil enviará un “mensaje inequívoco de que las empresas que pongan en riesgo la salud de los niños enfrentarán graves consecuencias”.
Los términos específicos del acuerdo civil aún no se han anunciado formalmente, pero se espera que logren una recuperación financiera significativa para los contribuyentes