Las políticas de "mano dura" impulsadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como el modelo de megacárceles implementado durante su gobierno, se han convertido en una referencia frecuente dentro del debate político y las campañas electorales en América Latina, de acuerdo con un reportaje de BBC News Mundo.
En Colombia, el político de derecha Abelardo de la Espriella, quien aparece como ganador de las elecciones presidenciales según datos preliminares del preconteo, manifestó durante su campaña su admiración por Bukele. Según la BBC, durante su campaña De la Espriella prometió la "construcción de siete megacárceles inspiradas en el modelo salvadoreño".
En Perú, la líder política Keiko Fujimori incorporó una propuesta similar dentro de su estrategia de seguridad en donde aseguró que, de obtener la presidencia, impulsaría la creación de cuatro penales y un "megapenal para reos de alta peligrosidad, “como el Cecot en El Salvador", en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo.
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Según BBC News Mundo, este tipo de iniciativas resulta atractivo para diversos sectores políticos porque ofrece una respuesta rápida y visible frente a una de las principales preocupaciones ciudadanas: la inseguridad.
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Bukele defiende los resultados de su estrategia de seguridad
Bukele ha defendido públicamente los resultados de su estrategia, afirmando que salvador pasó “de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el continente americano". Frente a los cuestionamientos de organismos internacionales por presuntas violaciones a derechos fundamentales, el mandatario respondió:
"¿Los derechos humanos de quién? De la gente honrada no. Tal vez pusimos prioridad a los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes".
Sin embargo, especialistas citados por la cadena británica advierten que el llamado "modelo Bukele" no puede entenderse como una fórmula fácilmente replicable.
Sonja Wolf, investigadora de la Universidad Panamericana, señaló a BBC Mundo que "hay que tener cuidado cuando se habla del 'modelo Bukele', porque en realidad no se trata de un modelo, pero a Bukele le interesa que se le llame así y que se propague a otros países".
La académica describe al sistema político actual de El Salvador como una "autocracia electoral", donde el régimen de excepción cumple una doble función: combatir la criminalidad y fortalecer la legitimidad política del gobierno.
Ecuador y Honduras enfrentan dificultades para replicar el modelo
Especialistas sostienen que la aparente efectividad de la estrategia salvadoreña depende de condiciones particulares del país y de decisiones políticas que podrían no ser legales o viables en otros contextos.
Uno de los casos citados es Ecuador. Bajo la presidencia de Daniel Noboa, el gobierno declaró un "conflicto armado interno" con el objetivo de enfrentar a grupos criminales y adoptar medidas similares a las aplicadas en El Salvador. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados y los niveles de violencia continúan siendo elevados.
Honduras también implementó políticas de mano dura, aunque sin alcanzar una reducción de la violencia comparable a la registrada en El Salvador.
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Organizaciones denuncian costos en derechos humanos
Diversas organizaciones han cuestionado el impacto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
De acuerdo con la organización salvadoreña Cristosal, esta medida ha normalizado las detenciones masivas con controles judiciales limitados, lo que ha dejado a miles de personas detenidas sin pruebas suficientes en su contra.
Por su parte, Human Rights Watch ha documentado casos de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, además de advertir sobre el debilitamiento institucional y la reducción de garantías judiciales bajo la administración de Bukele.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, explicó que los resultados atribuidos al modelo salvadoreño no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva del encarcelamiento masivo.
"El llamado 'modelo Bukele' no se basa únicamente en el encarcelamiento masivo: también implica una concentración de poder, un debilitamiento de la supervisión judicial y decenas de miles de personas detenidas sin el debido proceso", afirmó.
Por eso, la directora, considera que este modelo que no constituye una política sostenible de seguridad pública.
JL