El nombre del presidente Donald Trump comenzó a ser retirado este sábado de la fachada del Centro Kennedy en Washington D.C., en cumplimiento de una orden judicial que determinó que el mandatario no tiene facultades para rebautizar uno de los recintos culturales más importantes de Estados Unidos.
La decisión representa un nuevo revés para la estrategia impulsada por Trump durante su segundo mandato, caracterizada por colocar su nombre, firma o imagen en edificios federales, programas gubernamentales y espacios públicos. El caso del Centro Kennedy se convirtió en uno de los ejemplos más polémicos de esta política.
Las labores comenzaron durante la mañana de este sábado después de que mejoraran las condiciones meteorológicas en la capital estadounidense.
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La administración del recinto había solicitado una prórroga para cumplir el fallo emitido el pasado 29 de mayo por el juez federal Christopher Cooper, argumentando que las tormentas eléctricas registradas en Washington impedían completar los trabajos dentro del plazo originalmente fijado.
Según documentos presentados ante la corte, el Centro Kennedy informó que las tareas de desmontaje ya estaban en marcha y que concluirían durante las primeras horas del día.
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Tras el mejoramiento del clima, cuadrillas de trabajadores instalaron lonas en los andamios y comenzaron a retirar las letras que identificaban al inmueble con el nombre de Trump.
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El fallo judicial que frenó el cambio de nombre
En su resolución, el juez Christopher Cooper determinó que el nombre del Centro Kennedy no puede ser alterado por decisión administrativa.
El magistrado recordó que el complejo cultural fue fundado en 1971 en honor al expresidente estadounidense John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que únicamente el Congreso posee facultades para modificar oficialmente esa denominación.
La sentencia también bloqueó otro de los planes impulsados por la actual administración: el cierre temporal del recinto durante dos años para llevar a cabo una amplia remodelación posterior a las celebraciones patrias de julio.
Mientras avanzaban los preparativos para el desmontaje, decenas de personas acudieron a la explanada del complejo cultural para observar el proceso.
Durante varias horas, visitantes y residentes tomaron fotografías del edificio y manifestaron su apoyo a la decisión judicial. Algunos asistentes incluso corearon consignas pidiendo la eliminación del nombre presidencial de la fachada.
La controversia se había intensificado debido a que las letras instaladas con el nombre de Trump se encontraban colocadas por encima de la identificación original dedicada a Kennedy.
La batalla por el control del Centro Kennedy
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump mostró especial interés por el Centro Kennedy, una de las instituciones culturales más importantes del país.
Poco después de asumir el cargo, sustituyó a la dirección anterior y promovió la conformación de una nueva junta de fideicomisarios. Posteriormente, ese órgano aprobó la incorporación de su nombre al edificio, una medida que generó críticas de sectores políticos, culturales y académicos.
La decisión fue adoptada apenas once meses después de su victoria electoral, algo sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.
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Un caso que forma parte de una estrategia más amplia
Contexto: Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado una serie de iniciativas para colocar su nombre, imagen o firma en distintas propiedades, programas y proyectos gubernamentales.
Entre los casos más conocidos figuran el rebautizo del Centro Kennedy, la incorporación de su nombre a edificios federales, la creación de plataformas gubernamentales identificadas con su marca y diversas iniciativas para renombrar espacios públicos e infraestructuras.
Estas acciones han generado críticas de especialistas en derecho constitucional y de legisladores que consideran que los reconocimientos institucionales deben surgir de decisiones históricas posteriores al ejercicio del cargo y no por iniciativa directa del mandatario en funciones.
Un precedente poco común en la historia de Estados Unidos
Históricamente, Estados Unidos ha evitado que los presidentes en funciones promuevan homenajes hacia sí mismos.
Los únicos precedentes comparables corresponden a George Washington, cuando la capital federal recibió su nombre en 1791 por decisión de comisionados designados para planificar la nueva ciudad, y a Herbert Hoover, cuyo nombre fue asignado a la presa Hoover por iniciativa de miembros de su administración y posteriormente revertido antes de ser restaurado años después.
La diferencia, según historiadores y analistas políticos, es que ninguno de esos casos fue impulsado directamente por los propios mandatarios.
El debate generado por estos autohomenajes ha llegado incluso al Congreso estadounidense.
A principios de 2026, legisladores presentaron la iniciativa denominada SERVE Act (Stop Executive Renaming for Vanity and Ego), una propuesta que busca impedir que cualquier presidente en funciones utilice su cargo para colocar su nombre, firma o imagen en propiedades federales, programas gubernamentales o proyectos públicos.
Aunque la iniciativa aún se encuentra en discusión, el caso del Centro Kennedy se ha convertido en uno de los argumentos centrales para quienes buscan establecer límites más claros sobre este tipo de decisiones.
AJA