La crisis social y política que atraviesa Bolivia sumó este miércoles un nuevo episodio con la detención de Vicente Salazar, dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari de La Paz y uno de los principales líderes de los bloqueos carreteros que desde principios de mayo exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La captura ocurrió en la ciudad de La Paz, después de que Salazar participara en una movilización encabezada por organizaciones campesinas y respaldada por integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB), así como por sectores afines al expresidente Evo Morales.
Medios locales difundieron imágenes del momento en que el dirigente fue trasladado a una dependencia policial cercana a la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y del Legislativo boliviano.
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La detención se produjo en una jornada marcada por nuevas movilizaciones que descendieron desde la ciudad de El Alto hacia el centro político del país, en medio de un conflicto que ya se extiende por más de un mes y que mantiene bloqueadas diversas carreteras estratégicas.
Escalan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz
Antes del inicio de la marcha, Salazar declaró ante medios locales que el mandatario boliviano enfrentaba dos caminos posibles: presentar su renuncia o afrontar una mayor conflictividad social. El dirigente sostuvo que los sectores campesinos que respaldaron electoralmente a Paz en los comicios de 2025 consideran que han sido excluidos de las decisiones gubernamentales.
Durante la movilización, grupos de manifestantes intentaron ingresar a la plaza Murillo por distintos accesos. Según reportes oficiales, algunos participantes utilizaron petardos, piedras, palos y cargas de dinamita, mientras que las fuerzas antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance.
Las protestas cuentan con el respaldo de organizaciones sindicales y campesinas de distintas regiones del país, incluidas delegaciones provenientes de Potosí y del Trópico de Cochabamba, considerado uno de los principales bastiones políticos y sindicales del expresidente Evo Morales.
Liberan a ocho sindicalistas acusados de terrorismo
Mientras Salazar era detenido, otro frente judicial registró movimientos importantes. Un juez ordenó la liberación de ocho dirigentes sindicales, seis de ellos integrantes de la Central Obrera Boliviana y dos pertenecientes a la organización campesina conocida como “Ponchos Rojos”.
Los sindicalistas habían sido acusados por la Fiscalía de presuntos delitos de terrorismo y asociación delictiva relacionados con la organización de protestas y bloqueos. De acuerdo con la defensa de los dirigentes, durante la audiencia no se encontraron elementos suficientes que sustentaran las acusaciones. Sin embargo, las investigaciones continúan abiertas y los implicados deberán mantenerse a disposición de las autoridades.
Por su parte, la COB denunció previamente que algunas de las detenciones fueron realizadas por personas vestidas de civil y aseguró que varios de sus dirigentes fueron interceptados cuando transitaban de manera pacífica.
Seis semanas de bloqueos y una crisis que afecta a varias regiones
La conflictividad social mantiene bloqueos en seis de los nueve departamentos bolivianos, principalmente en las regiones andina y central del país.
Las restricciones al tránsito han generado problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en diversas localidades, según reportes de autoridades y organismos de emergencia. El Gobierno también informó que los enfrentamientos y bloqueos han dejado al menos diez personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran siete ciudadanos que no lograron recibir atención médica a tiempo debido a los cortes carreteros.
Además, las autoridades estiman que las pérdidas económicas derivadas del conflicto superan los 2 mil 340 millones de dólares.
Ante el agravamiento de la situación, el presidente Rodrigo Paz promulgó recientemente la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una norma que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control de conflictos. No obstante, para su aplicación aún es necesario un decreto específico que deberá ser revisado por el Legislativo.
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Contexto
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Bolivia y reportes oficiales del Gobierno, los bloqueos carreteros se han convertido en una de las principales formas de presión social y política en el país durante las últimas décadas. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) monitorea constantemente las rutas afectadas para informar sobre cierres y riesgos para la circulación.
Mientras tanto, organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han advertido que la estabilidad logística es un factor clave para la recuperación económica de los países de la región.
La detención de Vicente Salazar y la liberación simultánea de varios dirigentes sindicales ocurren en un momento en que Bolivia enfrenta uno de los episodios de mayor tensión social de los últimos años, con protestas que continúan activas en buena parte del territorio nacional.