El uso de drones para el narcotráfico se ha incrementado en los últimos años y las organizaciones criminales ya utilizan la inteligencia artificial con fines delictivos, en una escalada que demuestra el músculo económico de estas mafias. En este contexto, expertos consideran que las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representan “un retroceso”.
Durante un seminario organizado este jueves por la Fundación Carolina en Madrid, especialistas coincidieron en destacar la importancia de atacar el problema desde el punto de vista económico. “El modelo centrado en las operaciones policiales y militares se ha mostrado insuficiente”, afirmó el experto en políticas sobre drogas Javier Sagredo.
La política antidroga de Trump, con ataques a presuntas narcolanchas en Latinoamérica, es “un retroceso”, según la politóloga de la Universidad de los Andes María Victoria Llorente, quien lamentó que el modelo esté “enfocado en pedir cuentas” a otros países y deje de lado “la corresponsabilidad”.
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“La lucha contra el lavado de dinero es menos eficaz desde que llegó Donald Trump al poder”, añadió Sagredo.
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El caso del oro es un buen ejemplo del poco interés que tiene la Administración Trump en la lucha contra el blanqueo, según Llorente, quien aseguró que Estados Unidos está comprando oro obtenido ilegalmente.
“El tema de la financiación es esencial y necesita de cooperación internacional”, enfatizó la responsable de Seguridad Corporativa del banco BBVA, Milena Patiño, quien habló de la necesidad de “regular las criptomonedas”.
Patiño destacó la enorme capacidad económica de las organizaciones criminales, que pueden permitirse llevar a cabo “ataques con enjambres de drones” y “hacer uso de la IA”.
Cifras preocupantes en países hasta ahora seguros
Durante su intervención en Casa de América, los expertos recordaron datos preocupantes, como que el crimen organizado es el quinto empleador en México o que el 14 % de los latinoamericanos vive en zonas controladas por el narcotráfico.
Lejos de solucionarse, el problema está alcanzando “cifras sin precedentes”, según la secretaria de Estado de Cooperación Internacional española, Eva Granados.
Y el futuro no es halagüeño, según Patiño, quien defendió que “la tasa acumulada de homicidios” es el mejor termómetro para predecir lo que ocurrirá en los próximos años, ya que anticipó lo sucedido en Ecuador.
Según esta tasa, países latinoamericanos que hasta ahora se mantenían al margen, como Costa Rica y Uruguay, “están cambiando” y parecen abocados a la inseguridad.
“Lo mismo ocurre con Europa”, añadió Sagredo, quien aseguró que la violencia también se está recrudeciendo en el Viejo Continente y que Occidente comete el error de “externalizar el problema” y decir que “la culpa es de los otros”, cuando “el mayor valor añadido de las drogas se produce en los países ricos”.
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Ganar en seguridad sin perder en democracia
Todos los participantes en el seminario coincidieron en que es necesario buscar nuevas estrategias y modificar las políticas sobre drogas y seguridad, pero rechazaron que el cambio implique una reducción de los derechos de los ciudadanos, como ha ocurrido en El Salvador.
Sagredo calificó la política de “mano dura” del presidente Nayib Bukele como “cortoplacista”, mientras que la secretaria de Estado española rechazó “la instrumentalización del problema de la seguridad para acabar con el Estado de derecho”.
“Hay que cambiar los objetivos policiales por objetivos estratégicos y golpear las finanzas”, concluyó Llorente.
AJA