El Congreso de El Salvador, dominado por el gobernante partido Nuevas Ideas, renovó este miércoles por 51 ocasión el polémico régimen de excepción para continuar la "guerra" contra las pandillas, mientras que una organización humanitaria pidió a la Corte Suprema que declare esa medida como inconstitucional.
De acuerdo con el decreto aprobado con 57 votos de 60 escaños del Congreso, en el contexto de esta suspensión de garantías constitucionales se dieron 92,300 detenciones de personas, a las que el Ejecutivo de Nayib Bukele acusa de ser pandilleros, aunque reconoció la detención de al menos 8,000 inocentes.
Se renueva por otros 30 días "con el objetivo de consolidar la desarticulación progresiva de estos grupos delictivos y sus remanentes", a pesar de que "el Gabinete de Seguridad ha mantenido una actividad operativa constante que responde a una estrategia sostenida de intervención estatal, orientada a la localización y captura de integrantes de distintos niveles jerárquicos".
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"Resulta necesario continuar ejecutando acciones idóneas de combate contra estas estructuras delincuenciales a fin de contrarrestar sus intentos de actuación ilícita, destruyendo cualquier vínculo operativo, financiero o logístico relacionado con sus actividades ilícitas", añade el decreto votado sin estudio ni debate legislativo previo.
Esta nueva prórroga estará vigente hasta el 29 de junio próximo.
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Piden inconstitucionalidad
Antes de la votación, representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una nueva demanda de inconstitucionalidad, la cuarta que promueven.
Alfredo Mejía, miembro de Movir y que defiende la inocencia de una hija detenida, dijo a EFE que esperan "una buena respuesta de la Sala, que haga su trabajo".
El Ejecutivo de Bukele afirmó que "este es el país más seguro del mundo", "entonces ¿por qué tenemos régimen?", cuestionó el activista.
Este régimen excepcional fue aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, que ha dejado 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y se estima que más de 500 personas han muerto bajo custodia del Estado.
Esta crisis de asesinatos, que dejó más de 80 muertes en un fin de semana, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
El régimen de excepción, que es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras y para reducir la violencia, continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos a poner fin a su implementación.
La organización Human Rights Watch (HRW) señaló en abril pasado que las autoridades de El Salvador deben "poner fin" al régimen de excepción y "garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos".
El régimen de excepción cuenta con el respaldo de cerca del 85% de la población y Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional.
Su gabinete de Seguridad, aseguró que ha permitido combatir a las maras, liberar territorios que estas dominaban y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
El Salvador de Bukele llega a 4 años de régimen de excepción con más de 2,000 muertes
A finales de marzo de 2026, El Salvador alcanza cuatro años bajo un régimen de excepción que redefine su estrategia de seguridad.
La medida surge tras un repunte de violencia en 2022 y desde entonces permanece vigente mediante prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa. El gobierno de Nayib Bukele sostiene que esta política reduce de forma sostenida los homicidios y modifica las condiciones de seguridad en distintas zonas del país.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos documentan efectos relacionados con el sistema penitenciario. Reportes independientes registran la muerte de al menos 500 personas bajo custodia estatal durante este periodo. Estas cifras colocan el tema en la agenda de organismos internacionales, mientras las autoridades salvadoreñas rechazan las acusaciones y sostienen que no existen prácticas ilegales en los centros de reclusión.
AJA