MADRID.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española acudieron este miércoles a la sede central del gobernante Partido Socialista (PSOE) en Madrid para requerir información relacionada con pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, informaron a EFE fuentes próximas a la investigación.
Se trata del llamado "caso Leire" que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía (Gobierno regional) Gaspar Zarrías.
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No se descartan otras actuaciones de la UCO en relación a esta operación, según indicaron las fuentes.
¿Qué dijo Pedro Sánchez?
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional que han llevado a un requerimiento en la sede de su partido, el PSOE, y ha garantizado la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista.
En rueda de prensa desde Roma tras reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, Sánchez ha insistido en que lo que ha hecho la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es cumplir con un requerimiento de documentación, como muchos otros que hacen en el marco de sus indagaciones, y no un registro de la sede socialista.
Sin "minusvalorar", ha dicho, la "gravedad" de la investigación dirigida por la Audiencia Nacional, el también secretario general socialista ha recordado que tiene que ver con el caso de la exmilitante del PSOE Leire Diez, con la que ya se adoptaron "inmediatamente" decisiones cuando saltó a la luz.
"Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes", ha remarcado Pedro Sánchez, una idea que ha vuelto a repetir en otro momento al expresar su "compromiso firme" como líder del PSOE a responder si es necesario con la "contundencia" con la que "siempre" lo ha hecho.
¿Por qué se registran las oficinas del PSOE?
En este caso el juez investiga presuntos sobornos en la adjudicación de contratos públicos a través de una trama en la que también estarían implicados el expresidente de la Sepi (organismo que reúne a las empresas con capital público) Vicente Fernández y el propietario de la empresa Servinabar Antxon Alonso, considerado socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
De hecho, este mismo miércoles, agentes de la UCO están registrando los domicilios de Cerdán y también el del empresario Javier Pérez Dolset.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.
Según la investigación, conformaron un grupo autodenominado Hirurok ('nosotros tres', en vasco) que se habría dedicado a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública en beneficio propio o de terceros", para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública para obtener "el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones".
La exmilitante socialista está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales.
Con información de EFE
lrc