El Gobierno de Estados Unidos retiró las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, luego de que un tribunal federal de Washington suspendiera las medidas dictadas durante la administración de Donald Trump en 2025.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó oficialmente a la jurista italiana de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que deja sin efecto las restricciones financieras y migratorias que impedían su ingreso a territorio estadounidense.
La decisión se produce apenas una semana después de que un juez federal considerara que las sanciones podrían representar una limitación inconstitucional a la libertad de expresión y al ejercicio de funciones dentro del sistema internacional de derechos humanos.
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Francesca Albanese había sido sancionada por Washington tras criticar públicamente la ofensiva militar israelí en Gaza y solicitar investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes y estadounidenses.
Tribunal de Washington frenó las sanciones contra la relatora
El pasado 13 de mayo, un tribunal federal en Washington suspendió temporalmente las medidas impuestas contra Albanese. El fallo abrió la puerta para que el Departamento del Tesoro retirara oficialmente las sanciones que incluían restricciones financieras y la prohibición de viajar a Estados Unidos.
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La familia de la relatora, que reside en territorio estadounidense, denunció que las medidas afectaban directamente su vida personal. Albanese no podía ingresar a Washington, donde vive su hija, ciudadana estadounidense.
La administración Trump había impuesto las sanciones en julio de 2025 bajo un programa relacionado con la Corte Penal Internacional (CPI). El entonces secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Albanese de colaborar con iniciativas de la CPI para investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos e Israel.
Washington argumentó que ni Estados Unidos ni Israel forman parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional, por lo que consideró ilegítimos los llamados de Albanese para investigar posibles delitos cometidos durante el conflicto en Gaza.
ONU y organizaciones internacionales rechazaron las medidas
La sanción contra la relatora generó una fuerte reacción internacional. Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organismos defensores de derechos humanos calificaron las acciones estadounidenses como un precedente peligroso para la independencia del sistema internacional.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió revocar las sanciones al considerar que eran una represalia por el trabajo desarrollado por Albanese dentro de su mandato oficial.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephan Dujarric, señaló que castigar a expertos independientes de Naciones Unidas por emitir opiniones críticas resulta “inaceptable” y pone en riesgo la autonomía de los mecanismos internacionales de vigilancia de derechos humanos.
Amnistía Internacional calificó las sanciones como un “ataque directo contra la justicia internacional” y sostuvo que buscaban intimidar a quienes documentan presuntas violaciones al derecho humanitario en Gaza.
El Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales de la ONU también respaldó a Albanese y aseguró que las medidas no silenciarían las denuncias relacionadas con la situación humanitaria palestina.
Las críticas de Albanese sobre Gaza detonaron la confrontación
Francesca Albanese se convirtió en una de las voces más críticas de la ofensiva israelí en Gaza. En distintos informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostuvo que existían indicios de crímenes de guerra y posibles actos de genocidio contra la población palestina.
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En uno de sus reportes más recientes, entregado el 3 de julio, señaló que empresas internacionales podrían beneficiarse económicamente del conflicto y formar parte de lo que denominó una “economía del genocidio”.
Las declaraciones provocaron una escalada de tensiones con Washington y con el gobierno israelí. Israel la declaró persona non grata en 2024 y le prohibió ingresar a los territorios ocupados.
Analistas internacionales consideran que el retiro de las sanciones representa una derrota política para sectores de la administración Trump que buscaban endurecer acciones contra organismos multilaterales y figuras críticas de la estrategia israelí en Medio Oriente.
La decisión también reabre el debate sobre los límites entre la política exterior estadounidense y la independencia de los mecanismos internacionales encargados de investigar posibles violaciones graves a los derechos humanos.