El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado el secreto de las actuaciones sobre el caso de la aerolínea Plus Ultra y ha acordado citar como investigado al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 2 de junio como presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros.
Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
En el auto en el que acuerda la citación como investigado de Rodríguez Zapatero para el 2 de junio, a las 9 horas, así como el registro de su oficina y de otras tres mercantiles, el instructor recuerda que se hizo cargo de este procedimiento el pasado mes de marzo tras recibir la inhibición del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid.
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A lo largo de 85 páginas, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
La intervención de Manuel F. G. y del empresario Julio M. M. como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María A. J. y de Cristóbal C. Q., “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”.
En segundo lugar, el juez añade que los hechos descritos demuestran que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones -incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda-, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.
La investigación también revela la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio M. M. mediante contratos de asesoría elaborados ‘ad hoc’ y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas en España.
Lo anterior, constituye, según Calama, un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido. Asimismo, añade, la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.
Dos vías para conseguir las ayudas para el rescate de Plus Ultra
En su escrito, el instructor recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos.
El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. Esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados.
Los investigados conocieron la concesión de la ayuda antes de su aprobación definitiva
En su resolución, el juez destaca que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021, cuando dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva que se llevó a cabo el 9 de marzo.
Calama explica que la estructura investigada no se limita a España. Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones de dólares en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.
Delito de tráfico de influencias
Para el juez, los hechos investigados en esta fase inicial pueden ser calificados como delito de tráfico de influencias de los articulo 428 a 430 del Código Penal. Este tipo penal sanciona la conducta de quien influye en un funcionario o autoridad o en otra persona que pueda influir en ellos, prevaliéndose de una situación derivada de sus relación personal o jerárquica, con la finalidad de obtener una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico.
Con el grado de provisionalidad propia de esta fase, el instructor señala que concurren los requisitos típicos del delito de tráfico de influencias: existencia de una influencia ejercida o simulada, orientación a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido, todo ello en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más próximo.
CAGC