El movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA), impulsado por la administración de Donald Trump, enfrenta una fuerte resistencia política y corporativa en Washington. Aunque la iniciativa ha ganado visibilidad mediática con propuestas enfocadas en mejorar la alimentación y combatir el consumo de productos ultraprocesados, las reformas avanzan lentamente debido al creciente poder del cabildeo de la industria alimentaria en el Congreso de Estados Unidos.
De acuerdo con el diario digital de Estados Unidos, Politico, y registros federales de lobby, compañías de alimentos y bebidas han destinado más de 113 millones de dólares desde enero para influir en legisladores y frenar posibles regulaciones relacionadas con etiquetado, publicidad infantil y restricciones a productos considerados poco saludables. El escenario refleja una disputa directa entre los objetivos de salud pública y los intereses económicos de las grandes corporaciones alimentarias.
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La industria de alimentos rompe récords en cabildeo político
La ofensiva de las empresas de ultraprocesados y bebidas azucaradas ha alcanzado niveles históricos. Datos recientes muestran que el gasto en lobby aumentó más de 30 % respecto a periodos anteriores, consolidando a la industria alimentaria como uno de los sectores con mayor influencia política en Washington.
Especialistas en políticas de salud pública consideran que este nivel de presión corporativa ha contribuido al estancamiento de diversas iniciativas legislativas promovidas bajo la agenda MAHA.
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Gigantes de bebidas y dulces lideran la ofensiva
Entre las compañías con mayores inversiones en cabildeo destacan:
- Coca-Cola, con cerca de 2 millones de dólares invertidos durante el primer trimestre.
- PepsiCo, con aproximadamente 1.8 millones de dólares destinados a actividades de influencia política.
- La Asociación Americana de Bebidas, que desembolsó casi un millón de dólares para defender los intereses de la industria refresquera.
- Empresas del sector de confitería como Mars y Hershey, que en conjunto superaron los 430 mil dólares en gastos de lobby.
- La Asociación Nacional de Confiteros, que añadió otros 250 mil dólares a las campañas de presión legislativa.
El profesor Lawrence Gostin, experto en salud global de la Universidad de Georgetown, ha advertido que la capacidad de influencia de la industria alimentaria ya rivaliza con el histórico poder político que tuvo la industria tabacalera en Estados Unidos.
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SNAP, comida chatarra y publicidad infantil: las reformas bloqueadas
Uno de los episodios más representativos ocurrió recientemente en la Cámara de Representantes, donde legisladores rechazaron una propuesta para impedir que los recursos del programa federal SNAP fueran utilizados para comprar refrescos y bebidas azucaradas.
La enmienda fue desechada con una votación de 238 votos contra 186, reflejando la dificultad de avanzar en medidas regulatorias relacionadas con hábitos de consumo y salud nutricional.
Otro punto de controversia involucra un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) sobre estrategias de comercialización de comida basura dirigidas a menores de edad.
El documento permanece bloqueado en el Congreso desde 2014 bajo argumentos relacionados con la reducción de cargas regulatorias para las empresas. Organizaciones de consumidores y expertos en nutrición consideran que esta decisión ha limitado la posibilidad de aplicar controles más estrictos a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños y adolescentes.
Reformas alimentarias detenidas en el Capitolio
Diversos proyectos legislativos impulsados por sectores de salud pública permanecen congelados en ambas cámaras del Congreso estadounidense. Entre ellos destacan propuestas para:
- Prohibir colorantes sintéticos en alimentos.
- Fortalecer el etiquetado frontal de advertencia.
- Mejorar los estándares nutricionales en comedores escolares.
- Limitar ingredientes considerados dañinos para la salud.
Los grupos empresariales sostienen que implementar definiciones claras sobre “alimentos poco saludables” podría generar confusión entre consumidores, supermercados y fabricantes, además de aumentar costos operativos para la industria.
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Robert F. Kennedy Jr. y el debate sobre regulación alimentaria
El futuro del movimiento MAHA también depende de las diferencias internas dentro de la propia administración estadounidense.
Mientras la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha respaldado restricciones más estrictas sobre el uso de recursos públicos para financiar dietas poco saludables, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha defendido una estrategia basada en acuerdos voluntarios con las empresas alimentarias antes que en prohibiciones federales.
¿Cooperación voluntaria o regulaciones obligatorias?
La postura de Kennedy ha sido bien recibida por sectores conservadores que promueven una menor intervención del gobierno en el mercado. Sin embargo, organizaciones defensoras del consumidor alertan que un modelo basado únicamente en cooperación voluntaria podría favorecer a las grandes corporaciones.
Expertos consideran que varias compañías buscan estándares federales más flexibles para invalidar leyes estatales más estrictas relacionadas con aditivos, ingredientes artificiales y etiquetado nutricional.
La disputa entre el movimiento MAHA y la industria alimentaria se ha convertido en uno de los debates más relevantes sobre salud pública y regulación económica en Estados Unidos.
AJA