En un movimiento que refuerza la alianza política entre ambos mandatarios de Estados Unidos y El Salvador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele alcanzó un acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para aceptar el traslado de detenidos estadounidenses al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido popularmente como la "mega cárcel" de El Salvador. El convenio refleja que con popularidad, dicen especialistas, el líder salvadoreño puede hacer prácticamente lo que quiera.
Este martes 7 de abril, el diario digital El Faro, de El Salvador junto con los creadores de documentales Frontline, presenta un reportaje que será transmitido en la cadena de televisión de Estados Unidos, PBS sobre cómo surgió el trato entre el presidente Donald Trump y Nayib Bukele para encarcelar a deportados en El Salvador.
El pacto Bukele-Trump
El pacto establece que el gobierno salvadoreño recibe a individuos deportados o bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos para que cumplan su reclusión en las instalaciones de máxima seguridad del país centroamericano.
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Esta medida subraya la disposición de Bukele para colaborar estrechamente con la agenda de seguridad y migración de la administración Trump.
El poder de la popularidad
Analistas y observadores internacionales han señalado que este acuerdo es un reflejo del capital político que ostenta el mandatario salvadoreño. La implementación de este tipo de políticas, que para otros líderes podrían resultar polémicas o de difícil ejecución legal, ha sido vista como una muestra de que "si vos sos popular podés hacer lo que te dé la gana".
Para El Faro, hasta el momento, no se han detallado las compensaciones específicas o los beneficios que El Salvador recibirá a cambio de gestionar a estos detenidos, pero el acuerdo consolida la posición de Bukele como un aliado estratégico clave para los intereses de la Casa Blanca en la región.
Cuatro años del régimen de excepción: muerte y violación de derechos
A finales de marzo de 2026, El Salvador alcanzó cuatro años bajo un régimen de excepción que redefine su estrategia de seguridad. La medida surge tras un repunte de violencia en 2022 y desde entonces permanece vigente mediante prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa. El gobierno de Nayib Bukele sostiene que esta política reduce de forma sostenida los homicidios y modifica las condiciones de seguridad en distintas zonas del país.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos documentan efectos relacionados con el sistema penitenciario. Reportes independientes registran la muerte de al menos 500 personas bajo custodia estatal durante este periodo. Estas cifras colocan el tema en la agenda de organismos internacionales, mientras las autoridades salvadoreñas rechazan las acusaciones y sostienen que no existen prácticas ilegales en los centros de reclusión.
Muertes bajo custodia
La organización Socorro Jurídico Humanitario presentó registros que elevan el número de fallecimientos en cárceles a más de 2,000 casos. Sus informes incluyen expedientes de personas sin vínculos comprobados con pandillas, lo que amplía el alcance de las revisiones. De acuerdo con estos datos, una proporción significativa de las víctimas no cuenta con antecedentes relacionados con estructuras criminales.
Familias de personas detenidas también presentan denuncias ante instancias nacionales e internacionales. Algunos casos refieren falta de atención médica y condiciones dentro de los centros penitenciarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe parte de estos señalamientos para su análisis. El Estado salvadoreño mantiene una postura de rechazo frente a estas acusaciones.
Detenciones y alcance de la medida
El régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022 y desde entonces acumula 48 prórrogas legislativas. Durante este periodo, autoridades reportan más de 91,300 detenciones en el marco de la estrategia de seguridad. La aplicación de la medida incluye la suspensión de ciertos derechos constitucionales vinculados con el debido proceso.
El sistema penitenciario registra una población superior a 107,000 personas privadas de la libertad. El presidente reconoce la detención de al menos 8,000 personas sin vínculos delictivos. A pesar de este dato, encuestas recientes ubican la aprobación del gobierno en niveles altos, impulsados por la percepción de mayor seguridad en comunidades.