La Policía de Hong Kong encabezó un operativo internacional que permitió la detención de 326 personas implicadas en delitos de pornografía infantil y explotación sexual digital, en colaboración con autoridades de Singapur, Malasia, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Brunéi.
Las investigaciones se enfocaron en la producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, así como en la desarticulación de redes que operaban mediante plataformas digitales.
De acuerdo con autoridades, los sospechosos utilizaban redes sociales, portales web y sistemas de intercambio de archivos para difundir contenido ilegal. Este esquema permitió identificar nodos de distribución internacional y coordinar acciones simultáneas en distintos países.
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La superintendente Ferris Cheung, de la Oficina de Ciberseguridad y Delitos Tecnológicos, explicó que el éxito del operativo se basó en el intercambio de inteligencia y las investigaciones paralelas entre los países participantes.
En el caso específico de Hong Kong, las autoridades realizaron redadas el 14 de abril, con la detención de nueve hombres de entre 18 y 61 años.
Durante los cateos se aseguraron:
- 12 computadoras
- dispositivos de almacenamiento externo
- 8 teléfonos móviles
El análisis preliminar reveló más de 200 archivos ilegales, relacionados con abuso infantil.
Uno de los casos investigados derivó incluso en indicios de abuso físico continuado contra una menor entre 2023 y 2024, lo que amplía la gravedad de los delitos detectados.
Contexto
Aunque en 2025 se registraron 62 casos de pornografía infantil en Hong Kong, frente a 80 en 2024, las autoridades advierten que más del 60% de estos delitos ya se concentran en el entorno digital.
Ante este panorama, la policía hizo un llamado a la población a reconocer la responsabilidad penal del consumo de este material y exhortó a madres y padres a reforzar la supervisión de la actividad en línea de menores.
El operativo refleja el creciente papel de la cooperación internacional para combatir delitos cibernéticos, particularmente aquellos relacionados con la explotación infantil.
Expertos en seguridad han advertido que el uso de plataformas digitales ha facilitado la expansión de estas redes, lo que exige mayor coordinación entre países, tecnología de rastreo y marcos legales actualizados.
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