MIGRACIÓN

Tribunal Supremo, escéptico ante argumentos de Trump para limitar ciudadanía por nacimiento

El gobierno de Trump argumenta que la Enmienda 14 fue diseñada originalmente para proteger a los hijos de esclavos y no para quienes practican el "turismo de parto" o se encuentran en situación irregular

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Durante una histórica audiencia en la que estuvo presente el mandatario estadounidense, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos manifestaron serias dudas y un marcado escepticismo frente a la intención de la administración Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió este miércoles a la sesión de la Corte Suprema que debatirá la legalidad de su orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, que el republicano quiere negar a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

Contexto: limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del líder republicano, que regresó al poder hace más de un año con una recrudecida política antimigración.

El presidente firmó la orden ejecutiva el mismo día en que asumió su segundo mandato en enero de 2025, aunque esta fue recurrida casi de inmediato en cortes de varios estados.

La decisión del Supremo de escuchar argumentos en este caso significó la revisión de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en el territorio.

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A pesar de los argumentos del gobierno, que busca revertir esta práctica mediante una orden ejecutiva, varios magistrados —incluyendo la mayoría conservadora— cuestionaron la legalidad y la interpretación histórica de la propuesta.

A continuación, se detallan los principales puntos de duda y cuestionamiento expresados por los ministros:

  • Permanencia de la Constitución frente a cambios sociales: El presidente del Supremo, John Roberts, rebatió directamente el argumento del procurador general, John Sauer, quien sostenía que los tiempos han cambiado desde la adopción de la Enmienda 14 en el siglo XIX. Roberts subrayó que, aunque el mundo sea distinto, "la Constitución sigue siendo la misma", sugiriendo que el paso del tiempo no altera el mandato constitucional original.
  • Ausencia de salvedades explícitas en la ley: La jueza Amy Coney Barrett, considerada un voto clave en el tribunal, señaló que las limitaciones que Trump pretende imponer no figuran explícitamente en la legislación vigente. Esta observación debilita el argumento de que el Ejecutivo tiene autoridad para interpretar excepciones que no están escritas.
  • Falta de acción legislativa previa: El juez Brett Kavanaugh advirtió que, si realmente existiera una anomalía en la interpretación del derecho a la ciudadanía, el Congreso habría modificado el lenguaje en leyes posteriores. Al no haberlo hecho, se infiere que la interpretación actual es la que el legislativo ha mantenido por décadas.
  • Interpretación histórica y precedentes en contra: Los magistrados Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett presionaron a la Administración sobre el uso de precedentes históricos. Según los jueces, las mismas referencias históricas citadas por el Gobierno podrían, en realidad, obrar en contra de los argumentos de la administración Trump.

La defensa de Trump para limitar ciudadanía

Trump ha defendido su posición diciendo que esta legislación se aprobó tras la guerra civil (1861-1865) para proteger a los "hijos de los esclavos" y no para "quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía" estadounidense.

En junio pasado, la mayoría conservadora de la Corte (6-3) respaldó a Trump en su petición de levantar los bloqueos emitidos por jueces en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.

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Entonces, el Supremo no decidió sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump, sino sobre la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.

Expertos legales, defensores de los derechos humanos y detractores del mandatario han cuestionado esta limitación, porque señalan que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser derogado por una orden presidencial.

Unos 255,000 niños al año podrían verse afectados si la Corte Suprema se pone de lado de Trump y reafirma las limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute.

Aunque no asistieron a sesiones en el ejercicio de su cargo, varios presidentes han estado relacionados con el Supremo. Richard Nixon (1969-1974) defendió un caso ante la corte en 1967 entre su mandato como vicepresidente y presidente, mientras que William Howard Taft ejerció como jefe del tribunal tras su presidencia (1909-1913).