La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, fue descartada por la Corte Suprema de Justicia como su representante ante la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano.
En una decisión unánime, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia descarto la postulación de Porras como representante de ese órgano ante la Corte de Constitucionalidad y en su lugar eligió a Dina Ochoa como magistrada titular y a Claudia Paniagua como suplente.
No obstante, Paniagua también fue sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción por aceptar sobornos a cambio de fallos favorables en la Corte de Constitucionalidad.
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Un proceso bajo escrutinio
Al concluir la sesión plenaria, el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Rudy Esquivel, aseguró que la designación respondió a un “análisis exhaustivo” de los perfiles evaluados.
“El pleno de magistrados ha cumplido con el mandato constitucional de elegir a sus representantes ante la máxima instancia jurídica del país, basándose en la idoneidad y trayectoria de las profesionales seleccionadas para garantizar la continuidad del trabajo jurisdiccional”, afirmó.
Con esta decisión, la jefa de Ministerio Pública acumula dos intentos fallidos por llegar a la Corte de Constitucionalidad luego de que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala también rechazara recientemente su candidatura.
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Reelección en juego y tensión política
En mayo, Porras cumplirá ocho años frente a la Fiscalía y busca de forma paralela la reelección en su cargo. Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo de León será quien deberá elegir a uno de los seis candidatos finalistas propuestos por la comisión de postulación.
Debido a eso, la posibilidad de que continúe se considera remota debido al deterioro de la relación entre Porras y Arévalo desde 2023, cuando el Ministerio Público impulsó investigaciones que cuestionaron los resultados electorales e intentaron frenar la investidura del mandatario en enero de 2024.
En paralelo, este martes el presidente Arévalo de León advirtió sobre rumores de presuntas presiones de la Embajada de Estados Unidos en la elección de magistrados y anunció consultas con el Departamento de Estado para aclarar la situación.
Organizaciones sociales consideran que la elección del próximo fiscal general será determinante para el rumbo de la lucha contra la corrupción en Guatemala.
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Sanciones internacionales y cuestionamientos
Porras ha sido sancionada en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos en casos de corrupción que incluyen intentos por revertir los resultados electorales que llevaron a Arévalo a la presidencia en 2023. Las medidas internacionales han incrementado la presión sobre su gestión al frente del Ministerio Público, institución clave en la persecución penal y en los casos de alto impacto relacionados con corrupción estatal.
Al asumir el Gobierno en enero de 2024, el mandatario aseguró que analizaría mecanismos para removerla de su cargo, aunque luego afirmó que la legislación vigente no le otorga facultades para destituirla antes de que concluya su mandato.
JL