Una investigación legislativa en Estados Unidos reveló nuevos detalles sobre los gastos realizados para producir un polémico anuncio protagonizado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el que aparece montando a caballo frente al Monte Rushmore mientras pide a los migrantes que abandonen el país.
El contrato para la campaña publicitaria fue otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la empresa Safe America Media por un monto de 143 millones de dólares. Esta compañía, a su vez, subcontrató a la firma The Strategy Group para la producción del material audiovisual, según publicó The Hill.
De acuerdo con documentos obtenidos por los senadores demócratas Peter Welch y Richard Blumenthal, la empresa subcontratada recibió un bono de firma de 60 mil dólares por realizar el comercial. Además, parte de los recursos se destinaron a gastos específicos de producción, entre ellos 20 mil dólares por el alquiler de caballos y cerca de 4 mil dólares para servicios de maquillaje y peinado.
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El desglose del contrato indica que los costos laborales representaron aproximadamente 107 mil dólares, mientras que los gastos de producción superaron los 53 mil dólares. En total, el anuncio tuvo un costo de 286 mil 137 dólares. Sin embargo, la propia empresa señaló previamente en redes sociales que recibió 226 mil 137 dólares por la realización de cinco filmaciones, 45 anuncios en video y seis anuncios de radio.
La relación entre la firma productora y figuras cercanas a la funcionaria también ha generado cuestionamientos. The Strategy Group participó en la campaña para la gubernatura de Dakota del Sur de Noem en 2022, y su director ejecutivo está casado con la exvocera del DHS, Tricia McLaughlin. Además, el asesor de Noem, Corey Lewandowski, ha trabajado previamente con la compañía.
Los hallazgos provocaron críticas de legisladores demócratas, quienes consideran que el gasto podría representar un uso indebido de fondos públicos. Welch afirmó que los documentos apuntan a “desperdicio, fraude y abuso”, al señalar que decenas de miles de dólares del erario se utilizaron en costos de producción que calificó de innecesarios.
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En paralelo, los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación sobre el papel de Lewandowski en la asignación de contratos dentro del DHS. El legislador Robert Garcia aseguró que el caso podría formar parte de un esquema de corrupción más amplio relacionado con la adjudicación de contratos.
Durante meses, Noem sostuvo que el entonces presidente Donald Trump le había pedido realizar el anuncio, en el que agradece su política para cerrar la frontera. No obstante, la campaña fue cuestionada durante audiencias en el Congreso, donde el senador John Kennedy puso en duda que Trump conociera el proyecto y sugirió que el objetivo principal parecía ser impulsar el reconocimiento público de la funcionaria.
Poco antes de destituir a Noem, Trump afirmó públicamente que “nunca supo” de los planes para producir el anuncio.
El spot antimigrante de Noem en México
Contexto: la difusión en México de un spot antimigrante protagonizado por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, detonó una polémica política y mediática que escaló hasta el Congreso mexicano. El anuncio —parte de una campaña internacional para disuadir la migración irregular— comenzó a transmitirse en televisión abierta y en espacios de alta audiencia, incluidos partidos de la Liga MX, lo que provocó críticas por tratarse de propaganda de un gobierno extranjero dirigida a la audiencia mexicana.
El mensaje mostraba a la funcionaria estadounidense advirtiendo que quienes intentaran ingresar ilegalmente a Estados Unidos serían detenidos y deportados, con frases que endurecen el tono contra la migración irregular. Su emisión en medios mexicanos generó cuestionamientos sobre discriminación, soberanía mediática y regulación del espectro radioeléctrico, al tratarse de un contenido pagado por un gobierno extranjero transmitido en el país.
El caso evidenció un vacío legal en la regulación de la propaganda extranjera en radio y televisión, ya que la legislación vigente desde la reforma de telecomunicaciones de 2014 había eliminado restricciones que antes obligaban a los concesionarios a solicitar autorización para transmitir contenidos de gobiernos extranjeros. Ese marco permitió que la campaña se difundiera en México sin violar explícitamente la ley vigente en ese momento.
Ante la controversia, el gobierno federal anunció una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para impedir la difusión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros en medios nacionales. La iniciativa plantea sanciones económicas a concesionarios que transmitan ese tipo de contenidos y busca restablecer controles regulatorios para proteger a las audiencias y evitar injerencias externas en el debate público mexicano.
La discusión legislativa derivada del spot de Noem abrió un debate más amplio sobre el papel del Estado en la regulación de contenidos mediáticos y los límites entre la defensa de la soberanía informativa y la libertad de expresión. Especialistas consultados señalaron que la reforma también implicaría cambios en el modelo institucional del sector, incluyendo nuevas facultades regulatorias para instancias del gobierno federal y posibles sanciones a medios y plataformas digitales que difundan propaganda extranjera.
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