Un jurado federal en Phoenix, Arizona, acusó al propietario de una tienda de armas por presuntamente intentar suministrar armamento al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, organizaciones que Estados Unidos ha designado como terroristas desde el año pasado.
Laurence Gray, de 65 años, dueño del negocio Grips By Larry y ex titular de una licencia federal para la venta de armas, enfrenta cargos por intento de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas y conspiración para brindar dicho apoyo. El acusado compareció ante una corte federal tras la ampliación de la acusación en su contra.
De acuerdo con la acusación, compartida en un comunicado por el gobierno de Estados Unidos, Gray intentó entregar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025 y conspiró para abastecer tanto a ese grupo como al Cártel de Sinaloa durante el mismo año.
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Las autoridades detallaron que los delitos imputados podrían derivar en penas de hasta 20 años de prisión por apoyo material al terrorismo, 15 años por tráfico de armas y 10 años por declaraciones falsas en la compra de armamento. Además, cada cargo contempla multas de hasta 250 mil dólares.
Gray ya había sido acusado en 2025 por delitos relacionados con tráfico de armas, junto con otro individuo identificado como Barrett Weinberger, de 73 años, quien también habría participado en la compra irregular de armamento mediante prestanombres.
Estrategia nacional contra cárteles
El caso forma parte de la Operación Take Back America, una iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos que busca combatir a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, así como reducir la violencia asociada al tráfico de drogas y armas.
La investigación fue realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), mientras que la fiscalía federal en Arizona lleva el proceso judicial.
Este caso se da en medio del endurecimiento de la política estadounidense contra los cárteles, tras su designación como organizaciones terroristas, lo que amplía el alcance legal para perseguir a quienes colaboren con estas estructuras, incluso dentro del propio territorio estadounidense.