Varias asociaciones de aerolíneas expresaron su oposición a un impuesto impulsado por una iniciativa de ley que pretende financiar la creación de un Instituto Guatemalteco de Cine con la contribución específica de un dólar a los pasajeros extranjeros que aterricen en Guatemala.
En un comunicado, la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) afirmaron que, de aprobarse dicha ley, se encarecerá el costo de los vuelos.
Así, pidieron "evaluar detenidamente el impacto del artículo 32 del proyecto de ley de cine" que impondría la contribución.
"Los cargos aplicados a la aviación, en seguimiento a los principios delineados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la cual Guatemala es miembro, deben estar relacionados con la prestación de servicios a aerolíneas y pasajeros", recalcaron las aerolíneas.
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"Y los ingresos resultantes deben utilizarse para la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura y servicios aeronáuticos, reinvirtiéndose en la aviación y no desviándose a otros fines", añadió el comunicado.
De igual manera, las gremiales vinculadas a las aerolíneas recordaron que la aviación representa a la economía guatemalteca alrededor de 62,000 empleos y 740 millones de dólares anuales.
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La Ley de Cine en Guatemala busca institucionalizar la producción cinematográfica en el país centroamericano y se encuentra actualmente en segunda de tres lecturas necesarias para su aprobación en el Congreso.
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Otro plan
Recientemente, Guatemala lanzó el denominado "Plan Centinela Metropolitano", específicamente en los sectores con mayores índices de violencia. Se da con el comienzo del estado de prevención, medida que sustituye al estado de sitio decretado tras los ataques de pandilleros el pasado 18 de enero, en los que murieron 11 policías.
El "Plan Centinela" consiste en patrullajes focalizados, estrategia de inteligencia, investigación, presencia estratégica y coordinación entre las instituciones en el marco del estado de prevención.
El estado de prevención faculta al Ejecutivo para limitar ciertos derechos constitucionales con el fin de mantener el orden público y la seguridad nacional. Además, durante su vigencia, el Gobierno puede militarizar servicios públicos, restringir el derecho de reunión y manifestación, limitar la libre circulación de vehículos y regular o suspender huelgas.