China aplicó la pena de muerte a 11 integrantes de la familia Ming este 29 de enero de 2026. Las ejecuciones se realizaron tras sentencias emitidas por un tribunal de la provincia de Zhejiang y confirmadas por el Tribunal Popular Supremo. Las autoridades judiciales señalaron que los condenados dirigieron redes de ciberfraude, trata de personas y otros delitos desde el norte de Myanmar.
Los fallos judiciales indicaron que las operaciones se concentraron en la región de Kokang, zona fronteriza con China. Desde ese territorio, la organización coordinó centros de estafa en línea, casinos y estructuras de detención ilegal. Los expedientes judiciales describieron actividades dirigidas contra ciudadanos chinos y extranjeros.
Los jueces determinaron que los sentenciados incumplieron leyes penales relacionadas con fraude, secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Las resoluciones incluyeron el decomiso de bienes y recursos financieros vinculados con las operaciones ilícitas. Las autoridades señalaron que las penas se aplicaron de forma individual conforme a la participación acreditada.
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Los registros judiciales ubicaron el periodo principal de operación entre 2015 y 2023. Durante esos años, la red obtuvo ingresos por más de 10 mil millones de yuanes. Los fondos se relacionaron con estafas electrónicas, juegos de azar ilegales y otros delitos financieros.
Estructura y responsables del grupo
Entre las personas ejecutadas figuraron Ming Guoping y Ming Zhenzhen, identificados como integrantes de la línea de mando familiar. Los documentos judiciales incluyeron a Wu Hongming como colaborador externo y dirigente de un grupo aliado. Las sentencias señalaron funciones de coordinación, vigilancia y control de personal.
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Las investigaciones describieron vínculos con actores armados locales en Myanmar. Los expedientes indicaron que la organización utilizó protección armada para resguardar instalaciones y restringir movimientos de trabajadores. Las autoridades chinas señalaron que estas conexiones facilitaron la permanencia del grupo en la zona fronteriza.
El fundador del clan, Ming Xuechang, no figuró entre los ejecutados. Registros oficiales señalaron que el dirigente murió en 2023 en Myanmar durante un intento de detención. Las causas judiciales continuaron contra otros integrantes y colaboradores de la red.
Los tribunales documentaron la existencia de centros cerrados donde las víctimas permanecieron bajo vigilancia. Las personas afectadas llegaron mediante ofertas laborales falsas. Una vez en los complejos, los responsables retiraron documentos personales y limitaron la comunicación.
Operación de centros de estafa
Uno de los sitios mencionados en las sentencias fue la llamada Villa del Tigre Agazapado. Las autoridades judiciales indicaron que en ese lugar operaron miles de personas. Las actividades se enfocaron en fraudes financieros cometidos a través de plataformas digitales.
Los registros judiciales señalaron que las víctimas trabajaron bajo esquemas de cuotas. Los responsables aplicaron sanciones internas a quienes no cumplieron objetivos. Los tribunales confirmaron la muerte de al menos 14 ciudadanos chinos vinculada con intentos de fuga o resistencia.
Las autoridades chinas recomendaron a las víctimas denunciar los hechos y solicitar asistencia consular. Las sentencias incluyeron disposiciones para la restitución de recursos cuando resultó posible. Los procesos civiles asociados continuaron en instancias locales.
Los informes judiciales señalaron que las actividades del grupo formaron parte de un fenómeno regional. Organismos internacionales estimaron la presencia de decenas de miles de personas retenidas en centros similares en Myanmar y países vecinos.
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Contexto regional y acciones futuras
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que mantendrá cooperación con gobiernos del sudeste asiático. Las autoridades señalaron que las acciones judiciales buscaron frenar delitos transfronterizos que afectaron a ciudadanos chinos. Los comunicados oficiales mencionaron acuerdos de intercambio de información.
Las autoridades judiciales indicaron que los procesos continuaron contra otros grupos con operaciones similares. Entre los nombres citados en reportes oficiales figuraron organizaciones familiares activas en la misma región. Los tribunales señalaron que las investigaciones siguieron en curso.
China informó que las medidas penales se aplicaron conforme a su legislación vigente. Las autoridades señalaron que los casos se tramitaron bajo procedimientos ordinarios y revisiones obligatorias. Los comunicados oficiales no detallaron fechas de nuevos juicios.
Organismos internacionales señalaron que las redes de estafa se desplazaron hacia otras fronteras del sudeste asiático. Los reportes ubicaron actividades en zonas limítrofes con Tailandia, Camboya y Laos. Las autoridades chinas indicaron que el seguimiento se mantuvo activo.
VGB