El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar fuerzas militares en Minnesota, en medio de una creciente ola de protestas contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. La advertencia presidencial se produce tras varios enfrentamientos violentos entre agentes federales y manifestantes, según informó el diario Los Ángeles Times.
La posibilidad de aplicar esta norma excepcional, que permite el uso de tropas en funciones policiales dentro del país, ha generado alarma entre autoridades estatales, expertos legales y organizaciones civiles, en un contexto marcado por muertes, heridos y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
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¿Por qué Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección?
La advertencia del mandatario se conoció horas después de que un agente federal disparara contra un inmigrante indocumentado venezolano durante un control vehicular en Minneapolis. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre, identificado como Julio César Sosa-Celis, fue herido en la pierna tras presuntamente atacar a los agentes con una pala y una escoba.
En un mensaje publicado en su red social, Trump responsabilizó directamente a los líderes demócratas del estado por los disturbios:
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“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurreccionistas que atacan a los patriotas de ICE, que solo están haciendo su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
El papel de la Ley de Insurrección de 1807
La Ley de Insurrección, con más de dos siglos de vigencia, autoriza al presidente a desplegar el Ejército o federalizar la Guardia Nacional para sofocar rebeliones internas o hacer cumplir la ley federal. Ha sido utilizada en aproximadamente 30 ocasiones en la historia de Estados Unidos, y la Corte Suprema ha determinado que corresponde al presidente decidir si se cumplen las condiciones para su aplicación.
No obstante, expertos legales cuestionan su pertinencia en el caso de Minnesota.
“Las autoridades estatales no están obstruyendo la aplicación de la ley federal”, señaló Elizabeth Goitein, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice.
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El caso de Renee Nicole Good
Las tensiones se intensificaron tras la muerte de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, quien fue abatida por un agente de ICE mientras participaba en una protesta de vigilancia ciudadana conocida como ICE watch. Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes rodeando su vehículo antes de que uno de ellos disparara repetidamente a corta distancia.
Las autoridades federales sostienen que el agente actuó en defensa propia, versión que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó de “absurda”.
Uso de tácticas militares en la ciudad
Según The New York Times, el gobierno federal ha desplegado cerca de 3.000 agentes federales en el área metropolitana de Minneapolis. Los oficiales patrullan armados, con uniformes de camuflaje y el rostro cubierto, lo que ha provocado una fuerte reacción entre los residentes.
Las protestas se mantienen día y noche e incluyen cánticos, silbidos y acciones de desobediencia civil. El miércoles por la noche, agentes federales utilizaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes cerca del lugar donde fue herido Sosa-Celis. Posteriormente, un grupo reducido vandalizó un vehículo que creían perteneciente a agentes federales con grafitis que decían: “Cuelguen a Kristi Noem”.
Reacciones políticas y acusaciones cruzadas
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente con el ciudadano venezolano como un “intento de asesinato” contra agentes federales y acusó al alcalde Frey y al gobernador Tim Walz de alentar la obstrucción a la labor de ICE.
Walz, por su parte, acusó al gobierno federal de llevar adelante una “campaña de brutalidad organizada”, mientras que el fiscal general del estado, Keith Ellison, presentó una demanda federal para bloquear el despliegue masivo de agentes, al que calificó de inconstitucional.
Uno de los episodios que generó mayor indignación fue el de Aliya Rahman, ciudadana estadounidense, quien denunció haber sido sacada violentamente de su automóvil por agentes migratorios enmascarados.
“Me arrastraron de mi auto y me ataron como a un animal, incluso después de decirles que soy discapacitada”, declaró Rahman a Reuters. El DHS respondió que fue arrestada por obstrucción, al ignorar órdenes de mover su vehículo durante una operación federal.
Algunos analistas advierten que Trump podría utilizar el caso de Minnesota como precedente para justificar despliegues militares en ciudades gobernadas por demócratas antes de las elecciones legislativas de este año, lo que podría derivar en una crisis constitucional.
Una encuesta reciente de YouGov mostró que la mayoría de los estadounidenses se opone al uso del Ejército para responder al desorden interno. No obstante, según un sondeo de Reuters/Ipsos, el 59 % de los republicanos respalda priorizar arrestos migratorios incluso si hay personas heridas, frente a un 39 % que prefiere reducir daños aunque implique menos detenciones.
Mientras la secretaria Noem confirmó que ha discutido con Trump la posible invocación de la Ley de Insurrección y descartó retirar a los agentes federales, el gobernador Walz pidió al presidente “bajar la temperatura” y poner fin a lo que describió como una estrategia de confrontación.
AJA