El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desde el 1 de febrero su administración negará fondos federales a cualquier estado que mantenga gobiernos locales con políticas de “ciudad santuario”, una medida que amplía amenazas previas y que ya ha sido bloqueada en ocasiones anteriores por los tribunales. La advertencia, realizada sin detalles concretos, podría tener impactos financieros y legales de gran alcance en todo el país.
El planteamiento fue presentado por Trump al cierre de un discurso pronunciado el martes en el Club Económico de Detroit. Allí afirmó que su gobierno dejará de transferir recursos federales a estados y municipios que, a su juicio, protegen a personas migrantes indocumentadas y limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
“A partir del 1 de febrero, no haremos ningún pago a ciudades santuario o estados que tengan ciudades santuario”, declaró el mandatario. Según Trump, estas jurisdicciones “hacen todo lo posible para proteger a los criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses”, lo que —afirmó— genera fraude y criminalidad.
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De regreso en Washington, el presidente fue interrogado por periodistas sobre qué programas específicos se verían afectados. “Ya lo verán. Será significativo”, respondió, sin ofrecer precisiones.
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¿Qué son las políticas de santuario?
No existe una definición legal única de lo que constituye una “ciudad santuario” o una jurisdicción santuario. El término suele aplicarse a estados, condados o ciudades que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por ejemplo, al no retener personas migrantes únicamente por solicitudes administrativas federales.
Alrededor de una decena de estados y cientos de ciudades en Estados Unidos se consideran santuario para migrantes indocumentados, aunque el alcance de esas políticas varía ampliamente.
Estados y ciudades santuario en Estados Unidos
Entre los estados que han adoptado algún tipo de política de santuario se encuentran:
- California
- Colorado
- Connecticut
- Illinois
- Massachusetts
- Nueva Jersey
- Nueva York
- Oregón
- Washington.
En muchos casos, estas políticas buscan generar confianza entre comunidades migrantes y autoridades locales.
En el caso de ciudades como Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles cuentan con ordenanzas que prohíben el uso de recursos municipales, como personal o transporte, para hacer cumplir leyes federales de inmigración.
Estados con leyes antisantuario
En contraste, estados como Alabama, Georgia, Florida, Iowa, Tennessee, Texas y Virginia Occidental han aprobado leyes antisantuario. Estas normas obligan a las fuerzas del orden locales a cooperar activamente con las autoridades federales de inmigración y, en algunos casos, sancionan a los gobiernos locales que se niegan a hacerlo.
En ese sentido, el Departamento de Justicia publicó el año pasado una lista de aproximadamente tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario. La mayoría de ellos están gobernados por administraciones de filiación demócrata, incluidos California, Connecticut y Nueva York, así como ciudades como Boston y Nueva York, y condados como Baltimore (Maryland) y Cook (Illinois).
Esa lista reemplazó una versión anterior más extensa, que fue duramente criticada por autoridades locales que cuestionaron la falta de criterios claros para su inclusión.
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Amenazas de retiro de fondos en otros programas federales
La estrategia de presión financiera no se limita a la inmigración. En semanas recientes, el gobierno federal ha amenazado con retirar o congelar fondos en diversos programas, enfrentando ya impugnaciones legales.
El Departamento de Agricultura advirtió a estados que se negaron a proporcionar datos de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que se les descontarían fondos administrativos, aunque el dinero aún no ha sido retenido y el caso está en disputa judicial.
Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que retendría subsidios para guarderías y ayudas a familias de bajos ingresos en cinco estados gobernados por demócratas, alegando sospechas de fraude no especificadas. Un tribunal suspendió la medida.
AJA