Caracas, Venezuela.- La noticia de la excarcelación, no liberación plena, de varias decenas de presos políticos, anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha significado, para los familiares y el pueblo venezolano en general, una alegría cautelosa y hasta una brisa de optimismo de que avance una restauración de las garantías democrática, y posiblemente, en el marco de la etapa de “estabilización” anunciada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un paso firme hacia las siguientes fases de este complejo proceso político: la recuperación y la transición.
La medida no implica una liberación plena, pues, como informaron voceros de Rocío San Miguel una de las beneficiadas de la medida, los excarcelados deberán comparecer regularmente ante los tribunales, se les prohíbe dar declaraciones públicas y reunirse con un grupo mayor de 8 personas, como ha sido la regla hasta ahora ante decisiones parecidas, lo cual se complementaba con el mecanismo de “puertas giratorias”, por el cual salían unos y entraban otros, y el decreto de conmoción interna del 3 de enero, que nuevamente ha suspendido todas las garantías constitucionales.
La excarcelación está siendo chequeada por las ONG de Derechos Humanos, Comité de familiares y organizaciones políticas, que hacen vigilia permanente frente al Helicoide, el Rodeo y otras cárceles, y todavía no hay una lista definitiva y confirmada a 24 horas del anuncio oficial. La ONG Foro Penal contabilizaba que había 806 presos políticos en las cárceles venezolanas hasta el 5 de enero de 2026; entre ellos extranjeros o con doble nacionalidad. Otras ONG como el Comité de Familiares de los Presos Políticos, elevan el número de detenidos a 1011. 48 horas después del anuncio de Rodríguez, van 16 excarcelados y la noticia de la muerte de uno de los detenidos, Edison Torres, dirigente sindical, retenido en el Centro Penitenciario Zona 5 de Boleíta.
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En el año 2025 se registraron 6 presos políticos muertos: el exgobernador Alfredo Díaz, Ariadna Pinto, Lindomar Amaro, Reinaldo Araujo, César Mayora y Jesús Gutiérrez, todos por falta de atención médica. El año anterior el número de fallecidos fue de 4, entre testigos electorales en las mesas de los comicios presidenciales y algunos dirigentes partidistas. Desde el año 2017, van 25 muertos.
Se confirmó la excarcelación de cinco ciudadanos españoles (José M. Bassoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno Ernesto Gorbe), de los cuales cuatro fueron detenidos el día siguiente de las elecciones del 28 de julio de 2025, en medio de las manifestaciones masivas en protesta por el presunto fraude electoral, y una, Rocío San Miguel, una abogada venezolana-española de 58 años, destacada defensora de Derechos Humanos, especialista en Derecho y Política Internacional, reconocida analista de sistemas de seguridad, defensa y derechos humanos en Venezuela, detenida en febrero de 2024, cuando intentaba salir del país. Todos fueron enviados a España de inmediato.
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Algunos de los más destacados dirigentes políticos beneficiados por la medida, han sido el excandidato presidencial Enrique Márquez; el dirigente del partido Convergencia Venezuela, Biaggio Pillieri; el abogado y exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, y el politólogo y dirigente del partido MDD, Nicmer Evans, quien también dirige la plataforma informativa, Punto de Corte.
Márquez denunció inmediatamente después de las elecciones del 28 de julio, las incongruencias entre los resultados anunciados por el Consejo Electoral oficialista, y los que aparecían en las actas de su partido, CENTRADOS, y otros. Incluso, cuando el presidente Maduro recurrió sorpresivamente ante el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por el partido oficial PSUV, Márquez acudió ante el organismo con su documentación electoral, definiendo una política de mantenerse dentro de los procedimientos legales para hacer el reclamo por los resultados claramente írritos. El candidato presidencial, apoyado por partidos como CENTRADOS, el PCV y otros movimientos, fue detenido en enero de 2025, acusado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, de estar involucrado en un intento de golpe de Estado en el país, con base en una supuesta carta encontrada en su laptop, como informó en su momento el fiscal del régimen, Tarek William Saab.
Juan Pablo Guanipa, otro de los excarcelados, ha sido uno de los colaboradores más cercanos de la líder, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y fue detenido en mayo de 2025, antes de las elecciones regionales y locales del 25 de julio, ante las cuales su fuerza política llamó a la abstención. Sin mostrar pruebas, el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, enmarcó la detención del dirigente político en un plan para “prevenir un supuesto plan de sabotaje violento” contra esos comicios.
Biaggio Pillieri fue detenido junto a su hijo, Jesús, en medio de las protestas populares iniciadas el 29 de julio de 2024. No se conoce si este fue también excarcelado efectivamente.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, como “Foro Penal”, así como partidos de oposición, entre ellos Primero Justicia, han informado que, a 48 horas del anuncio oficial de liberaciones, solamente se han confirmado 16 nuevas excarcelaciones, muy poco del grupo total de personas privadas de libertad por razones políticas, cuya contabilidad total asciende a mil once detenidos. A los ya nombrados se suman las identificaciones de Alejandro Rebolledo, Franklin Alvarado, Larry Osorio, Aracelis Balza, Didelis Corredor, Virgilio Loverde, Wilfredo Araujo, Marco Bozo, Antonio Buzzela (italiano), Yony González, Diógenes Angulo, Luis Rojas, Edgar Guzmán, Federico Ayala y el dirigente político Freddy Superlano.
Un aspecto resaltante del acontecimiento es su significación en el marco de las etapas descritas de la intervención norteamericana en Venezuela, por el secretario de Estado, Marco Rubio. La decisión estaría enmarcada en la etapa de estabilización.
Comenzando por fijarse en el sujeto de la medida y de su anuncio, quién decidió y quién lo anunció. Como se sabe, tanto el presidente norteamericano Donald Trump, como Rubio, y otros portavoces estadounidenses, como Mathew Miller, han denunciado las detenciones políticas en Venezuela y anunciaron que las liberaciones se harían, así como un posible desmantelamiento del Helicoide, centro de torturas en Caracas. Es significativo que, seguidamente, haya sido el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidente designada Delcy Rodríguez, quien haya anunciado la “puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", en términos de contribución a la convivencia pacífica.
Esto indica que la decisión emana de Washington y el rol ejecutor de los hermanos Rodríguez, Delci y Jorge. Además, no la anuncia el que, en otras ocasiones ha informado sobre estas excarcelaciones, el Ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, o, en su defecto, el Fiscal General, Tarek William Saab. Esto es interpretado como una nueva evidencia del complejo proceso de recomposición en el interior del grupo en el poder.
Otro asunto que ha preocupado a los venezolanos es si estas excarcelaciones no estarán acompañadas del mecanismo de “puertas giratorias”, por el cual liberan a unos solo para detener a otros. De hecho, el Decreto de Conmoción Pública, publicado el mismo 3 de enero, suspendió las garantías constitucionales y ordenó, en su artículo 5, detener sin orden judicial a cualquier persona que manifestara apoyo por la operación militar.[ordenó a los organismos de seguridad del Estado. Con tal motivo se hicieron efectivamente varias decenas de detenciones en las alcabalas de policías, militares y “colectivos” (grupos armados parapoliciales) instaladas en las calles de las principales ciudades del país, para revisar los teléfonos móviles y ubicar algún mensaje sospechoso.
Llama la atención que las autoridades norteamericanas hicieron el sábado 10 de enero un llamado de alerta a los nacionales estadounidenses para que salgan de Venezuela, debido a amenazas directas de los llamados “Colectivos”, grupos parapoliciales chavistas, que operan en varias ciudades. Una de esas bandas, identificada como “La Piedrita”, de la zona caraqueña del 23 de enero, decretó que se vengarían y que, si bien los gringos entraron”, solo saldrán en bolsas negras del país”, como dijo su vocero, Valentín Santana, en video divulgado por redes sociales.
La línea oficial del régimen, dicha por la presidente encargada Delci Rodríguez, tiene tres líneas centrales: la exigencia de liberación del presidente Maduro a quien se le presenta como “prisionero político” o “de guerra”, la paz y la estabilidad. Esto se ha expresado en narradores ancla y videos tipo anime japonés, de amplia circulación en las redes y en las emisoras de TV oficiales (las otras están suspendidas), donde se presenta la intervención norteamericana, como un bombardeo a zonas civiles (lo cual es falso: se bombardearon instalaciones militares) y una Cilia Flores, con cara de “Candy Candy”, conocida serie de anime de los 90, que decide irse “por amor” con un apuesto Nicolás Maduro, cuando el marine le exige entrega. Incluso el comentarista de TV, Miguel Ángel Pérez Pirela, ha comentado que todo lo que ocurre actualmente ya lo había decidido Maduro “por amor”.
Pero hay elementos y síntomas de que ahora las cosas han cambiado. Efectivamente hay movimientos en el Helicoide de traslado de las oficinas de la Policía Nacional, por ahora. Las liberaciones, aunque lentas y problemáticas, siguen produciéndose. Todo dentro de la tendencia general de la etapa de estabilización descrita por el secretario de Estado Marco Rubio.
Otro anuncio que pronto tendrá importantes repercusiones es el anuncio del residente Trump de reunirse con la Premio Nobel María Corina Machado la semana que viene. El líder opositor Diego Arria ha hecho un llamado a que se invite a esa reunión también al presidente electo, Edmundo González. Coinciden estos anuncios, con la información de la solicitud de la “presidente encargada”, Delcy Rodríguez, de reunirse con Trump, lo cual podría darse en los días próximos.
Hasta ahora, resultado de la represión, la coalición política que respalda a la Machado se ha visto obligada a reducir sus actividades a la clandestinidad. Pero también se sabe que hay diligencias para reactivar los reclamos sindicales por parte de la coalición sindical CNC-TL, ante la perspectiva de hiperinflación, y la eliminación de los salarios que ha venido implantando el régimen desde 2019. De modo, que los acontecimientos continúan en su desarrollo vertiginoso en una etapa de estabilización, en la cual los EEUU aparecen como los rectores del destino inmediato de Venezuela, tanto en lo económico, como es el control sobre la producción petrolera y minera, como en lo político.
djh