Corrupción y sospechas de purgas internas dentro del chavismo abren un nuevo capítulo en la ya deteriorada situación del sistema judicial venezolano. En los últimos días, el fiscal general Tarek William Saab informó la detención de 14 fiscales y jueces, lo que eleva a 592 los exfuncionarios procesados por corrupción desde que asumió el cargo en 2017, designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.
Las detenciones han generado un doble debate: por un lado, evidencian la corrupción endémica del sistema de justicia en Venezuela; por otro, han alimentado versiones de que se trata de un ajuste de cuentas dentro del chavismo, en medio de crecientes tensiones políticas internas y la presión externa de Estados Unidos.
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Detenciones con tinte político
Los arrestos se concentraron en el estado Carabobo e incluyeron al fiscal superior de esa entidad. Días antes, el exfiscal superior auxiliar de Carabobo, Luis Enrique Maldonado Vásquez, apareció muerto en circunstancias atribuidas a un suicidio, tras ser señalado públicamente por Saab como sospechoso en una trama de extorsión.
Entre los interrogados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se encuentran figuras cercanas al fiscal general, como Farik Mora Salcedo, acusado por la oposición de participar en torturas a presos políticos, y directores claves del Ministerio Público en áreas de corrupción, delitos comunes y delincuencia organizada. Hasta ahora, sus nombres no figuran entre los arrestados, pero permanecen desaparecidos.
Para la abogada Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, el hecho de que varios de los implicados integraran la dirección anticorrupción del Ministerio Público refleja la gravedad de la crisis: “Si los propios jueces y fiscales que se ocupan de combatir la corrupción son corruptos, ¿cómo puede haber justicia?”, cuestionó.
Purga o lucha contra la corrupción
Analistas consideran que las detenciones no pueden leerse solo en clave judicial. Carlos Lusverti, de la Comisión Internacional de Juristas, apuntó que podrían ser “pases de facturas o revanchas internas” entre distintas facciones chavistas, en un contexto de mayor limitación internacional para sus operaciones.
La periodista de investigación Ronna Rísquez coincide en que se trata de una “purga parcial que está afectando al fiscal general” y no necesariamente de un esfuerzo auténtico contra la corrupción. “No necesariamente significa que vaya a cambiar la estructura del sistema judicial, lo que están cambiando son los nombres y las lealtades”, afirmó.
Un sistema debilitado por la impunidad
El deterioro del poder judicial en Venezuela es estructural, recuerdan organizaciones internacionales. La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el World Justice Project —que ubica a Venezuela en el último lugar de su índice global de Estado de derecho— han denunciado altos niveles de impunidad y falta de independencia judicial.
Según Lusverti, el debido proceso en Venezuela se ha convertido en una “garantía ilusoria” y la impunidad persiste más allá de la situación particular de Saab.
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Presión externa y tensiones con EU
El caso estalla en un momento de fuerte confrontación con Estados Unidos, que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de encabezar el llamado “Cartel de los Soles”. Washington ha ofrecido hasta 50 millones de dólares de recompensa por su captura, mientras mantiene despliegues militares en el Caribe contra el narcotráfico.
En este escenario, los analistas advierten que la presión externa podría estar incentivando las purgas internas. Para algunos sectores chavistas, el temor a traiciones y delaciones se ha convertido en una preocupación constante, alimentando episodios de depuración que, sin embargo, no parecen modificar las bases del sistema judicial, sino apenas sus rostros visibles.
Con información de DW
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