Amnistía Internacional identificó a la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) como una de las 15 compañías que contribuyen a la ocupación ilegal, al genocidio o a otros crímenes de derecho internacional cometidos por Israel. La organización detalló que CAF participa en el proyecto del tren ligero de Jerusalén, que facilita la expansión de asentamientos israelíes en Jerusalén Este.
Durante años, la organización documentó violaciones de derechos humanos vinculadas a empresas y envió comunicaciones a los responsables de estas compañías para expresar su preocupación. En el caso de CAF, solicitó de forma reiterada que se retire del proyecto y de cualquier licitación impulsada por el gobierno israelí en el Territorio Palestino Ocupado (TPO).
Desde 2019, Amnistía Internacional instó a los accionistas de CAF, entre ellos el Gobierno Vasco, Kutxabank y Mayoral, a exigir a la empresa el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos y la retirada responsable del proyecto. La organización participó en dos juntas de accionistas para presentar estos reclamos.
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CAF también apareció en el informe de julio de 2024 de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, como empresa que obtiene beneficios de la ocupación israelí.
Complicidad internacional
Amnistía Internacional señaló que Estados, instituciones públicas y empresas de todo el mundo facilitan, apoyan o se benefician de las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel, incluido el genocidio en Gaza, la ocupación del TPO y el sistema de apartheid.
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Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, sostuvo que la prolongada ocupación y el apartheid dependen de relaciones económicas y comerciales continuas que sostienen operaciones militares y el genocidio en Gaza. Según la organización, empresas armamentísticas y tecnológicas obtienen beneficios mientras la población palestina enfrenta privaciones y violencia.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, explicó que CAF no cumplió las recomendaciones internacionales y que el tren ligero contribuye al mantenimiento de asentamientos ilegales y a la anexión de Jerusalén Este. La organización volvió a pedir la retirada del proyecto.
Empresas implicadas
Además de CAF, Amnistía Internacional identificó a otras empresas vinculadas a crímenes de Israel. Entre ellas figuraron las multinacionales estadounidenses Boeing, Lockheed Martin y Palantir Technologies; las empresas armamentísticas israelíes Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (IAI); compañías tecnológicas y de vigilancia como Hikvision y Corsight; y empresas de maquinaria y servicios públicos como HD Hyundai y Mekorot.
Estas empresas suministran armas, equipos de vigilancia, maquinaria pesada y software que Israel utiliza en ataques, demoliciones y control sobre la población palestina. La organización precisó que la implicación de cada compañía varía según su sector y los proyectos en los que participa.
Medidas solicitadas
Amnistía Internacional pidió a las empresas suspender de inmediato ventas y entregas a Israel de armas, equipos de seguridad, maquinaria pesada y tecnología vinculada a violaciones de derechos humanos. También exigió la retirada de proyectos que apoyen la ocupación y la demostración de que no contribuyen a crímenes de derecho internacional.
Para los Estados, la organización solicitó poner fin a la complicidad económica, prohibir la participación de empresas cómplices en contratos y ferias comerciales, cesar importaciones de productos de asentamientos y suspender el tránsito de armas hacia Israel. Además, instó a aplicar sanciones, garantizar que nacionales y entidades bajo su jurisdicción no respalden la ocupación y cumplir resoluciones de la ONU.
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Beneficios económicos y sufrimiento palestino
Amnistía Internacional vinculó los beneficios económicos de empresas y Estados con el sufrimiento de la población palestina. Explicó que la ocupación, el apartheid y los bombardeos dependen de un suministro constante de armas y equipos, mientras las compañías obtienen ganancias.
La organización subrayó que estas 15 empresas constituyen solo una parte de las entidades responsables de sostener la ocupación, el genocidio y el sistema de apartheid israelí. También señaló que sectores económicos, la mayoría de los Estados y muchas entidades privadas han contribuido al genocidio en Gaza o se han beneficiado de la ocupación.
Amnistía Internacional llamó a la sociedad civil a exigir que los Estados cumplan sus obligaciones y que las empresas respeten los derechos humanos, con el objetivo de detener la complicidad en las violaciones de derechos fundamentales en el TPO.
VGB