El Congreso de Estados Unidos mantiene bajo revisión el uso de los recursos otorgados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de la aprobación de un incremento presupuestal considerado como uno de los más altos en la historia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Pocas semanas después de la toma de posesión presidencial, el asesor fronterizo de Donald Trump, Tom Homan, acudió al Capitolio junto con otros funcionarios para solicitar más recursos destinados a la agenda de seguridad fronteriza y deportaciones. En julio, el presidente promulgó un paquete legislativo que contempla exenciones fiscales y recortes de gasto, e incluye un aumento cercano a los 170 mil millones de dólares para el DHS, casi el doble de su presupuesto anual, de acuerdo con información del diario Los Angeles Times.
El proyecto de ley establece partidas generales: cerca de 30 mil millones de dólares para personal de ICE, 45 mil millones para centros de detención y 10 mil millones para la oficina de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Sin embargo, el texto no detalla lineamientos específicos sobre políticas ni mecanismos de ejecución, lo que ha generado solicitudes de mayor información por parte de legisladores de ambos partidos.
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En audiencias del Senado, el demócrata Chris Murphy advirtió sobre el riesgo de que el DHS agotara su presupuesto antes de lo previsto, señalando además la reasignación de hasta mil millones de dólares desde otras agencias, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, para financiar operaciones de control migratorio. En respuesta, la secretaria Noem afirmó que su dependencia opera dentro de los límites autorizados.
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En la Cámara de Representantes, el presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional, Andrew Garbarino, y el presidente de un subcomité, Michael Guest, solicitaron una sesión informativa para conocer cómo se planea gastar la asignación, que incluye 46 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México durante los próximos cuatro años. Según la carta enviada a Noem, la solicitud busca detalles sobre el desembolso de los fondos y su impacto previsto, considerando que las detenciones fronterizas se encuentran en niveles bajos.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que el departamento mantiene comunicación diaria con el comité y que ICE evalúa opciones para ampliar su capacidad de alojamiento, incluyendo el uso de bases militares como Fort Bliss, en Texas. Parte de los recursos se destinarán a redadas y operaciones más allá de la frontera sur, con apoyo de otras agencias federales, en un enfoque que el Instituto de Política Migratoria describe como de “todo el gobierno”.
La expansión de recursos ha coincidido con la apertura y reconversión de centros de detención en diversos estados, como el denominado “Alligator Alcatraz” en Florida, instalaciones en Leavenworth, Kansas, y el proyectado “Speedway Slammer” en Indiana. También se han registrado traslados de personas detenidas hacia prisiones en el extranjero, incluyendo El Salvador y países africanos.
En el Congreso, no todos los legisladores republicanos respaldaron el aumento presupuestal. El senador Rand Paul presentó una propuesta alternativa de 39 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, pero fue rechazada. Paul y un grupo reducido de legisladores de su partido se unieron a la bancada demócrata para votar en contra del proyecto de ley final.
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