La escena se repite cada vez con más frecuencia en el sur de Texas: trabajadores del campo que dudan antes de salir de casa por temor a ser detenidos. Alexandra, una mujer de 55 años sin documentos, se disponía a trabajar en una granja de sandías en Edinburg cuando su hijo mayor la detuvo. Le pidió que no saliera. Le dijo que corría el riesgo de ser deportada, de cuardo con una historia publicada por The New York Times.
Alexandra prefirió no revelar su apellido. No quiere llamar la atención de las autoridades migratorias. Su hijo le mostró videos en los que agentes federales persiguen y esposan a migrantes en distintas zonas del Valle del Río Grande. “Podrías ser tú”, le advirtió.
Las órdenes migratorias emitidas durante el gobierno del presidente Donald Trump —que inicialmente excluyeron a los trabajadores agrícolas, luego los incluyeron y más tarde volvieron a eximirlos— han generado incertidumbre en el campo. El impacto ha sido especialmente fuerte en regiones agrícolas, donde según cifras del Departamento de Agricultura, cerca del 42 % de los trabajadores del campo no cuentan con autorización legal.
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El temor es palpable en las granjas cercanas a la frontera con México, donde históricamente la movilidad había sido vista como más flexible. Sin embargo, las recientes redadas y detenciones han cambiado esa percepción.
Funcionarios del gobierno federal han reiterado su intención de cumplir con la promesa de campaña del entonces presidente Trump: deportar a millones de inmigrantes en situación irregular. Se trataría, según se ha anunciado, del mayor operativo de deportación en la historia del país.
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Contexto: desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el pasado 20 de enero, han llegado a México 65,475 personas, de las cuales 59,747 son mexicanas y 5,728 son extranjeras, de acuerdo con cifras dadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó que su gobierno haya aceptado formalmente convertirse en un “tercer país seguro” dentro de la estrategia migratoria de EU.
El pasado 23 de junio la Corte Suprema permitió, por ahora, que el gobierno de Donald Trump reinicie la deportación rápida de inmigrantes a terceros países.
A finales del mes de mayo, Trump pidió al alto tribunal que suspendiera una orden judicial que permite a los inmigrantes impugnar sus expulsiones a lugares diferentes a su nación de origen y argumentar cómo ello pondría en peligro su seguridad. Debido a que algunos países no aceptan las deportaciones estadounidenses, el gobierno ha llegado a acuerdos con otros, como Panamá y Costa Rica, para recibirlas.
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