Mientras la administración de Donald Trump impulsa una de las campañas migratorias más duras de la historia reciente de Estados Unidos, los trabajadores agrícolas —en su mayoría mexicanos e inmigrantes indocumentados— se encuentran en el centro de un complejo juego político que enfrenta intereses económicos, electorales y humanitarios.
El pasado miércoles, el presidente Trump sorprendió incluso a sus propios asesores al ordenar la suspensión de la mayoría de las redadas migratorias en los sectores agrícola, hotelero y de servicios. La decisión, reporta The New York Times, fue el resultado de una fuerte presión de Brooke Rollins, su secretaria de Agricultura, y de múltiples asociaciones agrícolas, que advirtieron sobre el riesgo de colapso productivo si los trabajadores inmigrantes dejaban de acudir a sus labores por miedo a ser detenidos.
Los agricultores estadounidenses, especialmente en estados clave como California, Idaho y Texas, dependen de manera abrumadora de los trabajadores migrantes —muchos de ellos mexicanos— para sostener las labores de siembra, cosecha y procesamiento de alimentos. Según el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, más del 40% de los trabajadores agrícolas carecen de estatus migratorio legal.
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El peso de los trabajadores mexicanos en esta industria no es menor: se estima que buena parte de los campos de fresas, uvas, duraznos y verduras del Valle Central de California y otros estados serían inviables sin la participación de esta fuerza laboral. Muchos de estos trabajadores llevan décadas desempeñando oficios físicamente extenuantes, bajo condiciones climáticas extremas, con salarios promedios anuales cercanos a los 20 mil dólares, y pagando impuestos federales pese a su estatus irregular.
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Las redadas implementadas en las últimas semanas por agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, sobre todo en zonas como Oxnard y los condados de Kern y Tulare, sembraron el pánico entre las comunidades agrícolas. Los productores reportaron que entre un 30% y un 60% de los jornaleros dejaron de presentarse a trabajar tras las operaciones de detención, paralizando varias operaciones.
Incluso algunos legisladores republicanos, tradicionalmente aliados de Trump, manifestaron su preocupación. El representante Glenn Thompson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, calificó las redadas como "simplemente mal" y advirtió sobre su impacto directo en la cadena de suministro alimentaria del país.
No obstante, la tensión dentro de la Casa Blanca es palpable. Mientras asesores como Stephen Miller abogan por mantener mano dura contra todos los inmigrantes indocumentados, otros sectores cercanos a la industria agrícola y hotelera —incluidos algunos de los propios donantes del expresidente— empujan por excepciones que protejan los intereses económicos.
A pesar de las nuevas directrices, activistas reportaron que las redadas continuaron el viernes en varias localidades agrícolas de California. Organizaciones defensoras de inmigrantes denunciaron arrestos de padres de familia en plena jornada laboral, lo que provocó que decenas de niños buscaran desesperadamente localizar a sus familiares detenidos.
Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos, advirtió que "aunque ICE y la Patrulla Fronteriza no vayan directamente al campo, el simple patrullaje en las zonas agrícolas es suficiente para infundir miedo y disuadir a los trabajadores de presentarse".
Más allá de la coyuntura electoral y los ajustes tácticos de la Casa Blanca, el caso de los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos revela una contradicción persistente: son considerados esenciales para la economía nacional, pero vulnerables ante el aparato migratorio que los criminaliza.
Mientras tanto, millones de familias migrantes continúan atrapadas en este frágil equilibrio entre la necesidad económica y la amenaza constante de la deportación.
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Contexto: Los trabajadores agrícolas, en su mayoría jornaleros migrantes mexicanos y centroamericanos, son el pilar de la producción alimentaria en Estados Unidos. Se estima que más del 40% de esta fuerza laboral carece de estatus migratorio legal, pero aun así sostiene la recolección de frutas, verduras y otros productos esenciales. Las largas jornadas bajo condiciones extremas, los bajos salarios y la estacionalidad hacen que muy pocos ciudadanos estadounidenses acepten estos trabajos. Durante décadas, los jornaleros han pagado impuestos y aportado a la seguridad alimentaria del país, mientras viven bajo la amenaza constante de redadas y deportaciones. Sin ellos, buena parte del sistema agrícola de EU colapsaría, afectando directamente los precios y el abasto de alimentos a nivel nacional.
VGB