La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reveló que en Honduras existe una escalada de intolerancia oficial a la crítica que se manifiesta a través de amenazas, intimidación, estigmatización, agresión física selectiva, insultos, descalificaciones y detenciones arbitrarias.
Mediante su informe de medio año, la SIP señaló que la política actual es intimidar a los medios para evitar que se divulguen decisiones gubernamentales y casos de corrupción.
El Observatorio para la Democracia de la SIP apunta que 15 altos funcionarios del actual gobierno encabezan esa política de violencia.
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Además, indicó que registraron más de 199 agresiones en contra de 64 medios de comunicación en los últimos 18 meses, según la organización C-Libre.
"La política actual es intimidar a los medios para evitar que se divulguen decisiones gubernamentales y casos de corrupción", apuntó la SIP.
Destacó que varias organizaciones de la sociedad civil e iglesias pidieron al gobierno que mejore los mecanismos de protección para defensa de periodistas; operadores de justicia y defensores del medio ambiente, pero esto no ocurrió.
La SIP condenó asimismo una "campaña de hostigamiento" por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en contra de periodistas y medios de comunicación.
El alto mando militar hondureño impulsó acciones judiciales para forzar a más de una docena de medios a revelar sus fuentes.
La SIP también mostró su preocupación por la querella penal interpuesta el 18 de marzo por la Secretaría de Finanzas (Sefin) en contra de Dagoberto Rodríguez, director de RCV, tras la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Contexto: los informadores están registrando más agresiones digitales, "en especial a nuestros periodistas que son mujeres o de minorías”. También habló de agresiones físicas y obstaculización del cumplimiento de las funciones.
Como evidencia del lado más oscuro de esta práctica, la SIP puso de ejemplo la muerte de 10 periodistas en América Latina desde octubre de 2024: uno en Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú; dos en Haití y cuatro en México.