En lo que va del gobierno de Donald Trump, su administración ha realizado un gasto de 21 millones de dólares para trasladar a un número limitado de migrantes desde Estados Unidos a la base naval de Guantánamo, revelan datos divulgados la cadena de noticias estadounidense NBC News.
Los 21 millones de dólares gastados en enviar a inmigrantes indocumentados a Guantánamo, en Cuba, corresponden a 46 vuelos operados por el Pentágono entre EU y la prisión en la que recluirán a cientos de migrantes sin un juicio previo, informó la dependencia tras revelarse la información de dicho gasto.
Estos vuelos acumularon un total de 802.5 horas de operación, con un coste de 26,277 dólares por hora, reveló la senadora demócrata Elizabeth Warren a la cadena NBC News.
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El traslado de migrantes a Guantánamo fue una orden de Donald Trump tras su regreso al poder en enero. En ese momento, Trump decretó la construcción de un centro de detención en esa base naval en Cuba, proyectado con una capacidad para 30,000 personas.
Sin embargo, la cifra de migrantes que han pasado por el lugar desde enero está muy lejos de esa capacidad, siendo menos de 500 personas. El pico máximo registrado de personas al mismo tiempo en el lugar fue de unas 200, y actualmente, según NBC News, solo quedan 32.
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Una parte significativa de los migrantes enviados a Guantánamo son venezolanos, los cuales han sido relacionados por el Gobierno de Trump, sin pruebas y sin juicio, con la banda criminal Tren de Aragua.
Ante la presión del gobierno estadounidense y la deportación forzada, así sea a un país diferente, incluyendo el confinamiento en prisiones como la de El Salvador, en febrero, el Gobierno de Nicolás Maduro aceptó la repatriación de casi 200 migrantes, aunque negó que alguno tuviera vínculos con organizaciones criminales.
En un comunicado, la senadora Elizabeth Warren expresó que "todo estadounidense debería estar indignado por el despilfarro de recursos militares que hace Donald Trump para financiar espectáculos políticos".
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Envío de inmigrantes a Guantánamo
Contexto: Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, su administración reactivó y amplió el uso de la base naval de Guantánamo, ubicada en Cuba, como centro de detención para migrantes. Esta medida se dirigió específicamente a migrantes considerados una amenaza a la seguridad o sujetos a deportación prioritaria.
La acción formó parte de un paquete de órdenes ejecutivas anunciadas en la primera semana de su gobierno, enfocadas en endurecer el control fronterizo y reducir la inmigración irregular.
El 29 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Defensa (DoD) a habilitar instalaciones en Guantánamo con capacidad para albergar hasta 30,000 migrantes. La justificación oficial para esta decisión fue que la base contaba con infraestructura adecuada y experiencia previa en el manejo de flujos migratorios, además de consideraciones de seguridad nacional.
Históricamente, la base de Guantánamo ha sido utilizada para la retención de migrantes interceptados en el mar, particularmente haitianos y cubanos. También es conocida por albergar a personas acusadas de terrorismo internacional desde 2002.
Denuncian abusos contra los migrantes
La reactivación para migrantes en 2025 comenzó con el traslado de un pequeño grupo de detenidos. En los primeros meses del año, aproximadamente 32 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron llevados a la base mediante vuelos militares, según reportes de prensa.
Los migrantes fueron retenidos en instalaciones como el Centro de Operaciones Migratorias de Guantánamo (GMOC), que había funcionado anteriormente como punto de procesamiento migratorio. También se utilizó una parte de la infraestructura del Campamento 6, que previamente albergó a sospechosos de terrorismo.
Las condiciones legales de los migrantes detenidos en Guantánamo generaron significativos cuestionamientos. Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentaron demandas, señalando que los detenidos no tenían acceso garantizado a representación legal ni a procesos migratorios regulares.
Las denuncias también resaltaron las condiciones del lugar, consideradas inapropiadas para detenciones civiles de carácter migratorio. Paralelamente, el gobierno cubano expresó su rechazo a la medida, calificándola como un acto de hostilidad y cuestionando el uso del territorio bajo ocupación estadounidense para fines de control migratorio.
Obstáculos logísticos y legales
Hacia marzo de 2025, reportes indicaron que la iniciativa enfrentaba obstáculos logísticos y legales. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) evaluó que las instalaciones de Guantánamo no cumplían con los estándares mínimos de detención exigidos para migrantes bajo custodia de Estados Unidos.
Ante esta situación, el traslado de nuevos detenidos fue temporalmente suspendido, y los migrantes que ya se encontraban en Guantánamo fueron reubicados en otras instalaciones en territorio continental estadounidense.
A pesar de la suspensión y reubicación, el gobierno mantuvo activa la orden ejecutiva que autoriza el uso de Guantánamo. Esta posibilidad sigue habilitada en caso de un incremento en los flujos migratorios por mar o si surge una necesidad operativa.
Esta política se enmarca dentro de un conjunto más amplio de acciones migratorias promovidas por la administración Trump en 2025, que incluye la implementación de la Ley “Laken Riley” para reforzar la detención y deportación de inmigrantes acusados de delitos menores.
El plan también contempla la construcción de nuevas instalaciones temporales de detención y el uso extendido de deportaciones aceleradas.
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A nivel internacional, estas medidas han generado críticas de organismos de derechos humanos y preocupación entre gobiernos de América Latina y el Caribe, por la posibilidad de un aumento de deportaciones y detenciones en condiciones restrictivas.
Hasta mediados de mayo de 2025, el traslado de migrantes a Guantánamo no se ha reanudado. No obstante, la administración mantiene abierta la posibilidad de su uso futuro como parte del aparato migratorio de emergencia, especialmente ante eventos de migración masiva por vía marítima o brotes de violencia que causen desplazamientos forzados hacia territorio estadounidense. La situación continúa siendo monitoreada por organismos nacionales e internacionales.