La líder ultraderechista Marine Le Pen no podrá presentarse a la elección presidencial de Francia en 2027, por una condena por desviar fondos del Parlamento Europeo que incluye cinco años de inhabilitación para cargos públicos.
El mismo día en el que un sondeo la colocaba como favorita para las presidenciales de 2027, la inhabilitación de Le Pen es inmediata y se mantendrá vigente incluso si recurre la sentencia, lo que hace improbable que pueda concurrir a las elecciones de 2027.
La política de 56 años, que llevó al partido que heredó de su padre a las cotas más altas en las urnas y lo situó al borde del poder, ve ahora como su carrera puede tocar a su fin por lo inusual de la inhabilitación preventiva, que sus lugartenientes se apresuraron a criticar.
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La inhabilitación con carácter inmediato eclipsó el resto de la pena: cuatro años de cárcel, de los que solo cumplirá dos y con arresto domiciliario y un brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa, algo menos de lo que había pedido en su contra la Fiscalía.
La propia Le Pen, que había acudido al Palacio de Justicia para la lectura de la sentencia, lo abandonó visiblemente airada sin escuchar la sentencia completa, cuando la presidenta del tribunal ya había dicho que le impondría una pena de inhabilitación con aplicación inmediata.
La líder ultra no hizo declaraciones al llegar a la sede de su partido para mantener una reunión de crisis, pero anunció enseguida que acudiría por la noche al informativo televisivo de máxima audiencia del país, el de la privada TF1.
La sentencia por desvío
La sentencia del Tribunal Correccional de París considera que Le Pen heredó en 2009 el papel central del sistema que su padre había urdido en 2004 para financiar el partido con el dinero de los asistentes parlamentarios de la Eurocámara, y que lo ejerció con autoridad y determinación.
Por ello, no solo la condenó por los cuatro asistentes que ella misma tuvo en los años que pasó en el Parlamento Europeo, sino también como cómplice de todos los demás, otros ocho eurodiputados -antiguos o actuales- a los que impuso asimismo distintas penas.
La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, justificó la inhabilitación inmediata de Le Pen por la gravedad de los hechos y por la necesidad de probidad de la vida pública.
También porque el sistema de financiación ilícita del partido atentó contra la neutralidad democrática, al permitirle concurrir en condiciones ventajosas a las elecciones.
"El tribunal ha tenido en cuenta el riesgo de reincidencia y de desorden público que puede acarrear el hecho de que concurra a unas elecciones presidenciales una persona condenada", señaló De Perthuis.
La presidenta del tribunal consideró probado el desvío de fondos entre 2004 y 2016 y calificó de «ficticios» los contratos de doce de los asistentes parlamentarios de los diputados europeos del partido en las tres últimas legislaturas.
Señaló que, aunque estaban a sueldo de la Eurocámara, en realidad trabajaban para el partido.
En total, la presidenta cifró en 2,9 millones de euros el dinero desviado, de los que 474.000 euros son imputables a Le Pen, que hizo pasar como asistentes parlamentarios a su guardaespaldas, Thierry Légier, y a su secretaria personal, Catherine Griset.
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La sentencia considera que el sistema puesto en marcha por el partido no condujo a un enriquecimiento personal de los eurodiputados, pero sí a "un confort de vida de los dirigentes del partido y un enriquecimiento del mismo".
Contexto: condenan sentencia
A las críticas a la sentencia del partido de Le Pen se sumó el conservador Éric Ciotti, aliado de RN en la Asamblea Nacional francesa.
"El destino democrático de nuestra nación confiscado por una escandalosa cábala judicial. La candidata favorita para las elecciones presidenciales impedida de presentarse", lamentó Ciotti en la red social X.
Desde la izquierda, La Francia Insumisa (LFI, el partido fundado por Jean-Luc Mélenchon) recalcó que los hechos juzgados son particularmente graves (el desvío de fondos al usar recursos del Parlamento Europeo para fines del partido) y contradicen el eslogan «cabeza alta, manos limpias» esgrimido por la extrema derecha en su ascenso de popularidad.
Pero LFI subrayó igualmente estar en contra, «por principio», de que contra cualquier decisión, por justa que sea, sea imposible de recurrir en la práctica, al entrar en vigor de manera inmediata, como ocurre con la inhabilitación de Le Pen.
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El medio de acción de La Francia Insumisa nunca ha sido recurrir a un tribunal para deshacerse de la Agrupación Nacional. Lo combatimos en las urnas y en la calle, mediante la movilización popular de los franceses, como pudimos hacer durante las elecciones legislativas de 2024, indicó el partido izquierdista, que también tiene investigaciones judiciales abiertas en contra.
Otros dirigentes pidieron que cumpla su pena como cualquier otro ciudadano, como la líder ecologista, Marine Tondelier, o el izquierdista Manuel Bompard.
Le Pen había indicado a la prensa este fin de semana que no creía que los jueces fueran a ir tan lejos como para inhabilitarla.