El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga de manera urgente en la disputa legal sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a migrantes indocumentados bajo el argumento de que son presuntos miembros de la pandilla venezolana "Tren de Aragua".
La apelación de emergencia pide a los jueces que revoquen una orden del juez federal de distrito James Boasberg que impide nuevas deportaciones bajo esta ley de tiempos de guerra. Esta acción intensifica aún más la participación de la Corte Suprema en las controversias legales que rodean a Donald Trump.
La Procuradora General Interina Sarah Harris declaró ante la Corte Suprema que "este caso plantea interrogantes fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional en este país: el presidente, a través del Artículo II, o el poder judicial", argumentando que "la Constitución ofrece una respuesta clara: el presidente. La república no puede permitirse otra opción".
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Al igual que en otras apelaciones recientes, el Gobierno de Trump se quejó de que los tribunales inferiores están poniendo obstáculos a su agenda mediante órdenes temporales.
Contexto: Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros
El punto central de la disputa es la invocación que hizo Trump el pasado 15 de marzo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798,la cual le otorga amplios poderes al presidente de EU para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados en tiempos de guerra o cuando un enemigo intenta una "invasión o incursión depredadora".
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Poco después de la invocación de la ley, el gobierno deportó a más de 200 ciudadanos venezolanos a El Salvador, alegando que estaban afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua, aunque posteriormente declaró que algunas de esas personas fueron deportadas bajo otras autoridades.
Trump recurre a la Corte Suprema, luego de recibir una inusual reprimenda del presidente de la misma por sugerir enjuiciar al juez James Boasberg, quien impidió temporalmente que el gobierno realizara más deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros hasta que sea analizada.
Boasberg bloqueó el uso de esa ley en respuesta a una demanda interpuesta por cinco venezolanos detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, es importante señalar que la orden de Boasberg no impidió que el Gobierno deportara a esas mismas personas bajo otras leyes, ni que detuviera a inmigrantes bajo la ley.
El presidente de la Corte Suprema ha reprochado la actitud de Trump recordando que "durante más de dos siglos, se ha establecido que el enjuiciamiento no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial" y que existe un proceso normal de revisión de apelaciones.
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Tribunal de apelaciones rechaza alegato de Trump
Trump apeló el bloqueo de la Ley de Enemigos Extranjeros ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad de Washington, el cual dictaminó el miércoles, con 2 votos a 1, que las órdenes de Boasberg que bloqueaban el uso por parte de Trump de esa autoridad ampliada para tiempos de guerra podían mantenerse mientras se resuelve la impugnación legal. Esta decisión es la que ahora Trump está apelando ante la Corte Suprema.
La jueza federal de circuito Karen Henderson ofreció un análisis textual que cuestionó los argumentos de Trump, señalando que los tribunales sí pueden revisar la aplicación de la ley y que el flujo migratorio en la frontera no constituye una "invasión" en el sentido militar de 1798. "El término ‘invasión’ era bien conocido por el Quinto Congreso y el público estadounidense alrededor de 1798... Y en todos los casos, se utiliza en un sentido militar", escribió.
La administración Trump parece interpretar un precedente de la Corte Suprema de 1948 (caso Truman) como impidiendo cualquier revisión judicial sobre cómo un presidente implementa la ley. Sin embargo, la jueza Henderson refutó esta interpretación, argumentando que si bien los poderes electos deciden cuándo termina una guerra, "eso no significa que los tribunales no puedan determinar el significado legal de los términos legales".
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Esta apelación de emergencia es la tercera pendiente en el expediente de emergencia del Tribunal Supremo desde la segunda administración Trump, uniéndose a solicitudes para limitar el alcance de una orden sobre la ciudadanía por nacimiento y para permitir la congelación de subvenciones a los estados por escasez de docentes.