Una investigación pública independiente en el Reino Unido informó esta semana que el presidente ruso, Vladimir Putin, figura como responsable último del uso del agente nervioso Novichok que provocó la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess en 2018.
El exjuez del Tribunal Supremo Anthony Hughes, encargado de la pesquisa, señaló que la operación que introdujo el agente químico en Salisbury se autorizó en niveles superiores del gobierno ruso.
El informe indicó que los funcionarios que ejecutaron y aprobaron la misión respondieron de forma directa por el despliegue de la sustancia en territorio británico.
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La investigación estableció una conexión entre el intento de asesinato del exespía Serguéi Skripal y la posterior exposición accidental que sufrió Sturgess.
El documento concluyó que la presencia del agente en un frasco abandonado creó un riesgo inmediato para cualquier persona que lo encontrara.
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Caso Skripal y secuencia de hechos
Contexto: El incidente inicial ocurrió el 4 de marzo de 2018 en Salisbury, donde Serguéi Skripal y su hija Yulia entraron en contacto con Novichok.
Los dos se enfermaron después de que operativos del GRU aplicaron la sustancia en la puerta del domicilio del exagente.
Ambos recibieron tratamiento hospitalario durante semanas y sobrevivieron.
La muerte de Sturgess ocurrió en julio de ese año, cuando su pareja, Charlie Rowley, encontró un envase de perfume en un contenedor en Amesbury.
La sustancia que contenía el frasco era Novichok, y Sturgess la usó sin conocer su contenido.
Identificación de sospechosos y sustancia
La fiscalía británica acusó a los ciudadanos rusos Alexander Petrov y Ruslan Boshirov de conspiración para matar a Skripal, intento de asesinato y uso de armas químicas.
El Reino Unido señaló que estos nombres correspondieron a alias de los oficiales del GRU Alexander Mishkin y Anatoliy Chepiga.
Una tercera persona, el oficial Denis Sergeev, también estuvo en el país durante los hechos, según la investigación.
El agente empleado se clasificó como un compuesto neurotóxico desarrollado en la época soviética.
Las autoridades británicas concluyeron que la sustancia conservó capacidad letal incluso después de su manipulación y abandono.
Reacción del Reino Unido y consecuencias diplomáticas
El gobierno británico sostuvo desde 2018 que Rusia fue responsable del ataque y que la decisión se originó en instancias estatales.
La entonces primera ministra Theresa May afirmó que la responsabilidad recaía en el Estado ruso o en estructuras que operaron bajo su autoridad.
En ese mismo año, el secretario de Estado de Seguridad Ben Wallace declaró que Putin figuró como responsable último, debido al control estatal sobre el GRU.
Tras la investigación más reciente, el primer ministro Keir Starmer señaló que las conclusiones recordaron el impacto del caso en la seguridad británica.
El Reino Unido anunció nuevas sanciones dirigidas a entidades rusas, incluido el GRU.
Respuesta del gobierno ruso
El gobierno ruso negó desde el inicio su participación en los envenenamientos en Salisbury y Amesbury.
El portavoz presidencial Dmitri Peskov lamentó la muerte de Sturgess, pero rechazó la credibilidad de la investigación.
Un representante de la embajada rusa expresó que los incidentes formaron parte de una provocación británica.
Petrov y Boshirov, señalados por el Reino Unido, declararon que viajaron a Salisbury en calidad de turistas.
Rusia rechazó las solicitudes de extradición, argumentando que su Constitución impide entregar a ciudadanos rusos.
Impacto del caso en las relaciones bilaterales
El uso de un agente nervioso en una ciudad británica tensionó la relación entre Londres y Moscú.
El vínculo entre el material empleado en el ataque contra los Skripal y la muerte de Sturgess marcó un punto crítico en la diplomacia bilateral.
Las expulsiones diplomáticas y sanciones posteriores reflejaron la magnitud de la crisis.
El caso continuó como referencia central en análisis internacionales sobre operaciones encubiertas con agentes químicos.
Las conclusiones divulgadas esta semana añadieron un nuevo elemento a la discusión sobre la responsabilidad estatal en el uso de estas sustancias.
VGB