Un juez federal dio luz verde a la tarifa de US$100,000 para las nuevas solicitudes de visa H-1B promovida por el presidente Donald Trump, un fallo que representa un revés para empresas tecnológicas y otros sectores que dependen de talento extranjero altamente calificado. La decisión valida la legalidad del aumento y refuerza la estrategia del gobierno para restringir la inmigración laboral y priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses.
Fue la jueza federal de distrito, Beryl Howell, la que resolvió que la administración Trump puede avanzar con el cobro extraordinario para nuevas solicitudes de la visa H-1B. En su fallo, sostuvo que el incremento drástico del costo es legal y se ajusta a la autoridad conferida al Ejecutivo.
Howell rechazó el argumento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que había demandado para bloquear la medida, al considerar que el presidente sí cuenta con facultades para imponer la tarifa. La jueza concluyó que la proclamación fue emitida bajo “una concesión estatutaria expresa de autoridad al presidente”.
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“Aquí, el Congreso ha otorgado al presidente una amplia autoridad legal, que él ha utilizado para emitir la proclamación que aborda, de la manera que considera adecuada, un problema que percibe como una cuestión de seguridad económica y nacional”, escribió Howell en su resolución.
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¿Qué implica la tarifa de US$100,000 para la visa H-1B?
El aumento busca desincentivar el uso del programa H-1B, que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros con estudios universitarios para ocupaciones especializadas. En septiembre, Trump firmó la proclamación que elevó la tarifa con el argumento de frenar abusos del sistema y proteger el empleo nacional.
Las visas H-1B se asignan mediante un sistema de lotería y se concentran, principalmente, en la industria tecnológica. Entre las compañías con mayor número de visas figuran:
- Amazon (AMZN)
- Tata Consultancy Services Ltd.
- Microsoft (MSFT)
- Meta Platforms Inc. (META)
- Apple Inc. (AAPL)
Para estas empresas, el nuevo costo encarece la contratación internacional y podría afectar estrategias de reclutamiento global.
Impugnaciones en curso contra la tarifa H-1B
Además de la demanda de la Cámara de Comercio, un grupo de 19 fiscales generales estatales impugna la proclamación. Su acción legal se enfoca en el impacto previsto en el sector público, especialmente en salud y educación, áreas que también dependen del programa H-1B para cubrir vacantes especializadas.
De forma paralela, una agencia internacional de dotación de personal de enfermería presentó una demanda independiente, al considerar que la tarifa afectaría la provisión de servicios esenciales.
El fallo judicial refuerza la línea dura de la política migratoria asociada a Trump, que vincula la inmigración laboral con la seguridad económica y nacional. Al validar la tarifa de US$100.000, la corte avala una herramienta regulatoria con efectos directos en el mercado laboral, la competitividad empresarial y la atracción de talento extranjero.
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