Un tribunal ecuatoriano condenó este lunes a once militares a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala.
Para otros cinco soldados, que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), los jueces dictaminaron treinta meses de cárcel; mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos.
El tribunal aceptó así el pedido que había hecho la Fiscalía para dieciséis de los diecisiete procesados, a quienes también se les impuso una multa de 376,000 dólares y una indemnización económica de 10,000 dólares para las familias de los menores. También ordenó que den disculpas públicas y que se publique un extracto de la sentencia en el mayor medio de circulación nacional.
Este es el mayor caso de presuntas violaciones a los derechos humanos registrado bajo el "conflicto armado interno" decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, y el primero que llega a una sentencia, pues organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado al menos 33.
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Un año
Contexto: El caso se remonta al 8 de diciembre del año pasado, cuando dieciséis de los militares detuvieron a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, después de recibir una supuesta alerta de que los menores estaban presuntamente robando.
En lugar de entregarlos a la Policía, los militares los llevaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los obligaron a desnudarse y los abandonaron.
El fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza, dijo durante el juicio que los soldados expusieron a los niños a un "alto riesgo" al dejarlos en esa "zona de peligro" y que su asesinato se pudo haber evitado si eso no sucedía o si los soldados hubieran avisado inmediatamente a las autoridades sobre ese hecho, algo que fue ratificado por el tribunal.
Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.
El juez Jovanny Suárez, ponente del tribunal, señaló que la Fiscalía pudo demostrar que los menores fueron sometidos a tratos crueles y que vivieron momentos de "horror".
Los testimonios de los cooperadores fueron clave, ya que confesaron que varios de sus compañeros los vejaron, insultaron y golpearon fuertemente incluso con las armas, y el magistrado destacó que uno de ellos entregó un video en el que se ve que otro soldado le dice a uno de los niños: "Agradece, negro, que no te metí un tiro".
Además, señaló que hubo un "pacto del silencio", pues ninguno de ellos avisó a la Policía sobre la detención y que más bien ocultaron la verdad, al señalar a sus superiores que durante la noche no hubo ninguna novedad.
Tras escuchar la sentencia, un grupo de familiares, vecinos y otros conocidos de las familias que llegaron hasta los exteriores del juzgado celebraron al grito de "justicia".
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"Hoy se hizo justicia"
Los padres y madres de los cuatro menores afrodescendientes de Ecuador que desaparecieron en diciembre de 2024 después de que dieciséis militares los detuvieron de forma irregular en el sur de Guayaquil, aseguraron a EFE que se "hizo justicia" con la condena de 34 años y ocho meses de cárcel que once de ellos recibieron este lunes por parte de un tribunal.
"Se hizo justicia por los cuatro niños de Las Malvinas", dijo Katty Bustos, madre de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, en referencia al barrio donde sus hijos, junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, vivían antes de ser detenidos por dos patrullas militares la noche del 8 de diciembre de 2024, en los exteriores de un centro comercial cercano.
"Esto no me va a regresar a mis hijos, pero sí quiero saber la verdad, por qué lo hicieron", añadió.
"No eran delincuentes"
Durante el juicio, los militares alegaron que la detención se produjo después de que recibieron una supuesta alerta de que los menores estaban presuntamente robando, algo que fue descartado por el tribunal.
"Los jueces declararon la inocencia de nuestros hijos, que no eran delincuentes ni terroristas, como dijeron, que eran unos niños de bien; de barrio, sí, pero humildes", añadió Luis Arroyo, esposo de Bustos, quien recordó que los menores querían ser futbolistas.
Tras la detención, los militares los llevaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, y sus padres no volvieron a saber de ellos hasta el 31 de diciembre, cuando la Fiscalía les informó sobre unos restos calcinados encontrados en un sector cercano a donde fueron vistos por última vez.
La autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.
Cinco soldados que se acogieron a la cooperación eficaz (delación premiada) -y que recibieron 30 meses de prisión- revelaron que algunos de sus compañeros los vejaron, insultaron y golpearon brutalmente en varias ocasiones en el camino hacia Taura.
Antes de llegar a la base, ingresaron por un desvío rural que estaba cerrado por un árbol caído, sitio donde los obligaron a desnudarse y donde, aseguraron los colaboradores, el jefe de las patrullas disparó para intimidar a los menores antes de ordenar que los abandonaran.
"Estos militares tenían que proteger su vida, cuidar a nuestros niños, no desaparecerlos de la forma en la que lo hicieron", aseguró Arroyo.
El tribunal ordenó que se emitan disculpas públicas y que el Estado y la institución militar reconozcan su responsabilidad en la desaparición poniendo una placa con los nombres de las víctimas en la base de Taura, entre otras medidas.
Un año "devastador"
Los familiares afirmaron que este ha sido un año "doloroso" y "devastador" y que esperan que nadie tenga que vivir algo parecido.
"Es duro ver el teléfono o entrar al cuarto y ver una foto o video y tener claro que no lo voy a volver a ver. No es fácil convivir con semejante dolor", señaló Ronny Medina, padre de Steven, quien dijo que en varias ocasiones sintió que no iba "a poder más". "Como padre no se lo deseo a nadie", añadió.
Todos aseguraron que han podido mantenerse firmes gracias a la fe que tienen en Dios, lo que también, dijeron, les permitirá enfrentar apelaciones y otro caso en el que se investiga el asesinato de los menores.
Además, el abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de las familias, Abraham Aguirre, indicó que no descartan ir a instancias internacionales en búsqueda de la verdad.