La ofensiva marítima de Estados Unidos en el Caribe, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico, enfrenta una creciente presión legislativa después de revelaciones periodísticas que sugieren que militares estadounidenses habrían ordenado un segundo ataque letal contra sobrevivientes en el agua. Legisladores republicanos y demócratas advirtieron que, de confirmarse, el hecho podría constituir un crimen de guerra.
El debate se intensificó tras un reportaje del Washington Post publicado el viernes, que señala que el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una orden verbal para “matar a todas las personas” a bordo de embarcaciones sospechosas de narcotráfico, lo que presuntamente derivó en un segundo ataque el 2 de septiembre para eliminar a quienes habían sobrevivido al impacto inicial de misiles.
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Legisladores advierten sobre posible crimen de guerra
Luego de estos hechos, el representante Mike Turner (republicano por Ohio), expresidente del Comité de Inteligencia declaró:
“El Congreso está muy preocupado (…) y hay una investigación en curso”, en Face the Nation de CBS. Asimismo, añadió que, de haber ocurrido un ataque deliberado contra sobrevivientes, sería “un acto ilegal”.
Del lado demócrata, el senador Tim Kaine (Virginia) aseguró en la misma cadena que, si el reporte es correcto, el ataque “se eleva al nivel de un crimen de guerra”. En CNN, su colega Mark Kelly (Arizona) coincidió: “Así lo parece”.
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Supervisión bipartidista de los ataques marítimos
Las declaraciones se suman al anuncio de los principales republicanos y demócratas de los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado, quienes prometieron ejercer una supervisión más estricta de las operaciones militares en el Caribe.
Los senadores Roger Wicker (republicano por Mississippi) y Jack Reed (demócrata por Rhode Island) afirmaron que ya han solicitado información detallada al Departamento de Defensa.
“Llevaremos a cabo una enérgica supervisión para determinar los hechos”, señalaron en un comunicado conjunto.
En la Cámara de Representantes, el presidente del panel, Mike Rogers (republicano por Alabama), y Adam Smith (demócrata por Washington), aseguraron estar “comprometidos a proporcionar una supervisión rigurosa” y recabar un informe completo sobre las operaciones.
Exigen transparencia: publicación de las grabaciones
El senador Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) pidió al Pentágono publicar “las cintas completas y sin editar” de los ataques para “que el pueblo estadounidense pueda verlo por sí mismo”.
Otros legisladores demócratas han denunciado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El senador Mark Kelly recordó que, meses atrás, él y otros cinco legisladores grabaron un video exhortando a los militares a rechazar órdenes ilegales, sin mencionar casos específicos.
Hegseth niega crimen de guerra en ataque letal en el Caribe
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, es investigado tras autorizar un ataque militar contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe. El bombardeo dejó sobrevivientes, quienes luego fueron abatidos en un segundo ataque. La administración Trump defiende la legalidad de la operación, pero crecen las dudas sobre si se violaron leyes de guerra.
¿Ejecutaron a náufragos?
De acuerdo al medio estadounidense New York Times, cinco funcionarios estadounidenses confirmaron que la orden inicial de Hegseth era eliminar la embarcación y su tripulación, pero no especificaba qué hacer si quedaban sobrevivientes. Según las versiones recabadas por el diario, el comandante del operativo, el almirante Frank M. Bradley, fue quien ordenó los ataques sucesivos hasta destruir completamente la lancha.
La situación legal se complica: matar a personas que ya no representan una amenaza constituye un crimen de guerra, aún si se acepta el controvertido argumento del gobierno de Trump de que Estados Unidos está en guerra contra los carteles.
"Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres", declaró el expresidente Trump, quien intentó deslindarse del segundo ataque.
Un operativo sin precedentes
La operación es parte de una nueva política que ha permitido 21 ataques marítimos desde septiembre, con 83 muertes confirmadas, según la administración. El enfoque militar ha sido fuertemente criticado por expertos legales, quienes advierten que esta política no cuenta con respaldo legal del Congreso ni con bases en tratados internacionales.
Además, un memorando del Departamento de Justicia, aún clasificado, justificaría los ataques bajo el argumento de que los narcotraficantes son “combatientes”, lo cual ha sido rechazado por expertos en derecho militar.
Reacciones y consecuencias
Senadores como Roger Wicker (R-Mississippi), presidente del Comité de Servicios Armados, y otros legisladores, ya han solicitado acceso al documento de ejecución de la orden, pero el Pentágono se ha negado a entregarlo.
El propio Hegseth ha calificado las acusaciones como "fabricadas e inflamatorias", y expresó su "100% de respaldo" al almirante Bradley, a quien considera "un héroe estadounidense".
No obstante, el Manual de Leyes de Guerra del Pentágono prohíbe explícitamente disparar a náufragos o personas que ya no participan en un conflicto, y advierte que las órdenes claramente ilegales deben ser desobedecidas.
Posturas legales divididas
El profesor Geoffrey Corn, exasesor del Ejército estadounidense, dijo que incluso si se aceptara la tesis del conflicto armado, un segundo ataque dirigido a personas indefensas sería un crimen de guerra inequívoco. Solo podría haber duda si el blanco fue estrictamente el cargamento restante de drogas. “Esto es lo que pasa cuando se trata como guerra algo que no lo es”, afirmó Corn.
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Contexto de la ofensiva marítima de Trump
Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe como parte de la presión contra Venezuela y con el argumento de frenar el contrabando de drogas. Desde principios de septiembre, los ataques han provocado la muerte de más de 80 personas.
El gobierno defendió la operación como parte de un supuesto “conflicto armado formal” contra los cárteles, aunque críticos en el Congreso han cuestionado repetidamente la justificación legal presentada por el Ejecutivo.
Las investigaciones actuales representan el escrutinio más severo que el Congreso ha aplicado a la ofensiva marítima de Trump, ejecutada sin aprobación legislativa previa. Para muchos congresistas, los reportes de ataques contra sobrevivientes no solo agudizan las dudas sobre la legalidad de las operaciones, sino que podrían abrir la puerta a implicaciones internacionales por violaciones al derecho humanitario.
AJA