Santiago.- La creciente oleada de violencia y crímenes violentos, alimentada por la rápida expansión de grupos criminales internacionales, ha sacudido a Chile, un país que históricamente gozó de una relativa seguridad. Este temor se ha extendido por toda la longitud del país, desde las elevadas mesetas andinas, como el pequeño pueblo de Cariquima, hasta la capital, Santiago, y el sur de la Patagonia. The New York Times hace referencia, por ejemplo, a la panadera Erika Moscoso, de Cariquima. Ahora instaló cerraduras en sus puertas por primera vez recientemente para protegerse de los criminales, expresando: "Vivo con miedo".
La preocupación por la seguridad se convirtió en el tema político dominante en Chile, un factor clave en la elección presidencial que ganó José Antonio Kast. Las cifras gubernamentales muestran que los homicidios alcanzaron un máximo histórico de 1,322 en 2022. Aunque la cifra se redujo ligeramente en 2023, sigue siendo un 43% más alta que en 2015. La situación ha traumatizado a los chilenos de maneras profundas y consecuentes; menos del 40% de los chilenos se siente seguro al caminar de noche.
Contexto: La victoria de Kast refuerza la estrategia hemisférica de Trump y alinearía a Chile con gobiernos como los de Milei, Bukele, Peña o Novoa, de acuerdo con analistas.
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Kast, abogado ultraconservador, padre de nueve hijos y ferviente católico, es uno de los líderes más visibles de la derecha dura en América Latina. Durante 16 años fue diputado de la UDI, partido ligado al legado de Augusto Pinochet, y luego fundó el Partido Republicano.
Su ideología defiende el modelo neoliberal instaurado en dictadura, y su familia tiene un vínculo directo con ese periodo: su hermano fue ministro del régimen militar.
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Ha sido una presencia constante en espacios de la derecha internacional, desde Political Network for Values hasta la CPAC, donde comparte agenda con líderes como Donald Trump, Javier Milei y Giorgia Meloni.El modelo Bukele gana terreno.
El aumento del crimen organizado ha surgido como una "fuerza enormemente transformadora" en toda la región, llevando a muchos latinoamericanos a exigir medidas de "mano dura" y a mostrar una mayor tolerancia hacia políticas severas contra el crimen.
Esta situación ha convertido al presidente Nayib Bukele de El Salvador en un modelo a seguir. Bukele ha logrado reducir drásticamente la tasa de criminalidad en su pequeña nación implementando una fuerte represión que ha limitado los derechos civiles.
Las encuestas indican que la seguridad es la principal preocupación de los votantes en al menos ocho países de la región, incluido Chile. Este enfoque en la seguridad también influirá en las elecciones del próximo año en naciones como Perú, Colombia y Costa Rica.
Emulación regional
Varios líderes regionales han manifestado su deseo de adoptar medidas de seguridad similares a las de Bukele. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha intentado emular las estrictas medidas de seguridad del mandatario salvadoreño. Ante la profundización de la crisis de seguridad en su propio país, Chaves visitó la notoria prisión de máxima seguridad de El Salvador y anunció planes para construir una instalación similar en Costa Rica. Incluso el presidente izquierdista de Uruguay ha mostrado un interés inesperado en las políticas de línea dura.
En Perú, donde el crimen también se ha disparado, especialmente la extorsión, muchos ciudadanos están a favor de aplicar mano dura contra los criminales, incluso si esto cruza la línea y corre el riesgo de perjudicar a personas inocentes.
Un experto del Council on Foreign Relations, Will Freeman, señaló que una parte creciente del público en América Latina está dispuesta a "intercambiar algunas libertades y derechos democráticos si es necesario para empoderar al Estado a tomar una línea más dura contra estos criminales".
En Chile, la preocupación por la seguridad ha fortalecido la popularidad de candidatos de derecha como José Antonio Kast, recién ganador de la elección presidencial, quien se reunió el mes pasado con el ministro de seguridad de Bukele. Kast ha prometido construir una "barrera física" a lo largo de las fronteras chilenas y ha convertido la seguridad en su máxima prioridad. Incluso algunos votantes chilenos que rechazan las posturas conservadoras de Kast en temas sociales están dispuestos a dejar de lado esos derechos a cambio de una mayor seguridad, como Mirna Matcovich, una contadora jubilada de Iquique, quien declaró: "No me gusta que quiera echarse atrás en cosas en las que progresamos... Pero lo necesitamos para que restablezca el orden".