La Administración de Donald Trump puso en marcha un acuerdo que permite a las autoridades migratorias acceder a información de todos los pasajeros aéreos en Estados Unidos.
Según reveló The New York Times, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) comparte datos de vuelo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que facilita la localización y detención de personas con órdenes de deportación antes de que aborden un avión.
Detenciones en aeropuertos
Uno de los casos documentados es el de Any Lucía López Belloza, una joven hondureña de 19 años que estudiaba su primer año universitario. El 20 de noviembre fue detenida en el aeropuerto Logan de Boston cuando se disponía a viajar a Texas para sorprender a su familia en Acción de Gracias. Dos días después, fue deportada a Honduras debido a una orden de expulsión pendiente. Un episodio similar ocurrió en octubre con Marta Brizeyda Renderos Leiva, ciudadana salvadoreña arrestada en el aeropuerto de Salt Lake City tras el traspaso de información entre agencias.
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¿Cómo opera la colaboración?
Las aerolíneas ya entregaban datos de pasajeros a la TSA con fines de seguridad nacional, principalmente para prevenir amenazas terroristas. Sin embargo, el uso de esa información con objetivos migratorios representa un giro relevante. Documentos citados por el diario neoyorquino señalan que el Centro de Respuesta de Ejecución del Pacífico, una oficina del ICE en California, coordina el envío de alertas a agentes en todo el país y solicita a cárceles locales retener a migrantes identificados.
Críticas y preocupaciones legales
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes reaccionaron con alarma ante el aumento de la vigilancia. Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition, advirtió que esta práctica “siembra terror en las comunidades” y castiga a personas por realizar actividades cotidianas como viajar para ver a su familia. También alertó que la erosión de los derechos de los inmigrantes puede anticipar un debilitamiento más amplio de las libertades civiles.
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Presión por aumentar deportaciones
El intercambio de datos forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para acelerar las expulsiones, ante la insatisfacción del presidente Trump por no alcanzar la meta de un millón de deportaciones en el primer año de su segundo mandato. Otras colaboraciones interinstitucionales, como el intento de compartir información fiscal del IRS con el ICE, han sido frenadas temporalmente por órdenes judiciales, lo que mantiene abierto el debate legal y político sobre los límites de estas medidas.
LSHV