Una resolución destinada a impedir un posible ataque militar en territorio venezolano por parte de la Administración del presidente Donald Trump fracasó este jueves en el Senado. La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oriental que se están llevando a cabo desde agosto pasado.
La norma tenía posibilidades casi nulas de ser implementada, no solo porque tendría difícil superar un siguiente obstáculo en la Cámara de Representantes, sino porque también debía ser ratificada por el propio Trump.
El bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que la Administración informara detalles sobre los ataques contra lanchas en aguas internacionales.
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El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, presentó la iniciativa con el apoyo de algunos republicanos, argumentando que están "cansados de que el Congreso abdique todo el poder de forma solemne sobre un presidente".
Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra ha oficializado el derribo de más de 20 embarcaciones supuestamente cargadas de droga y la eliminación de más de sus 66 tripulantes, a los que han vinculado a organizaciones criminales.
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El propio Trump volvió a asegurar ayer en el America Business Forum (ABF) en Miami que estas embarcaciones están ligadas al tráfico de fentanilo hacia EE.UU. y que el Gobierno de Nicolás Maduro está integrado en carteles del narcotráfico.
EU no puede justificar ataques a Venezuela, admite gobierno de Trump
La Administración de Donald Trump reconoció ante el Congreso que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque de Estados Unidos a Venezuela y afirmó que por ahora no planea incursiones en ese país dentro de su campaña militar contra el narcotráfico, informaron medios este jueves.
Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, dieron el miércoles detalles a los legisladores sobre los planes de la campaña antidrogas de Trump, que ha ordenado casi una veintena de ataques a supuestas lanchas en el Caribe y el Pacífico, donde han muerto más de 60 personas.
En la reunión, donde también participaron miembros del Departamento de Justicia, especificaron que la "orden de ejecución" que inició en septiembre la operación antidrogas en aguas internacionales - cercanas a las costas de Venezuela en el Caribe y Colombia en el Pacífico- no se extiende a objetivos terrestres.
Altos funcionarios no descartaron la posibilidad de acciones militares contra instalaciones y líderes de carteles dentro de Venezuela en un futuro, según declararon testigos a la cadena CNN.
Trump baraja sus opciones sobre atacar o no a Maduro y a Venezuela
El gobierno de Donald Trump ha elaborado varias alternativas, desde ataques a instalaciones militares hasta operaciones especiales y control de campos petroleros, para forzar la salida de Nicolás Maduro, aunque el presidente aún no decide si aprobará una acción que podría implicar riesgos legales, militares y políticos.
De acuerdo al medio estadounidense New York Times, Trump "juega" con varias opciones que ya tiene sobre la mesa: ataques, captura o control de recursos. En ese sentido, según el mismo medio, los funcionarios estadounidenses han diseñado tres líneas de acción principales para una posible intervención en Venezuela:
- Ataques aéreos contra unidades militares que sostienen a Maduro y supuestas infraestructuras vinculadas al narcotráfico.
- Operaciones de fuerzas especiales destinadas a capturar o eliminar al presidente venezolano.
- Despliegue antiterrorista para asegurar aeródromos y campos petroleros, con el objetivo de neutralizar recursos claves del régimen.
Estas alternativas, según fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses, incluyen también la búsqueda de fundamentos jurídicos que avalen acciones más allá de la actual campaña contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico.
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Fundamento legal en revisión: el papel del Departamento de Justicia
Asesores de la Casa Blanca han solicitado al Departamento de Justicia (DOJ) directrices que puedan justificar jurídicamente una intervención más amplia sin necesidad de una autorización formal del Congreso para el uso de la fuerza. Entre los argumentos que se están barajando figura reclasificar a altos cargos venezolanos, incluido Maduro, como parte del denominado “Cartel de los Soles”, designado por Washington como grupo narcoterrorista; dicha designación, según algunos funcionarios, podría convertirlos en blanco legítimo de operaciones.
Sin embargo, el presidente Trump todavía no ha tomado una decisión definitiva. Fuentes cercanas indican que él exhibe reservas: teme fracasos que puedan costar vidas estadounidenses o resultar en un revés diplomático y político. Al mismo tiempo, miembros influyentes de su equipo promueven medidas más enérgicas. Entre los impulsores figuran el secretario de Estado (en funciones) Marco Rubio y el asesor Stephen Miller, quienes, según funcionarios consultados, abogan por forzar la salida de Maduro.
“El presidente ha dejado claro que seguirá golpeando a los narcoterroristas que trafican con narcóticos ilícitos; cualquier otra cosa es especulación, y debe tratarse como tal”, dijo Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, en un comunicado citado por fuentes oficiales.
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Riesgos operativos y humanitarios
Analistas y responsables políticos advierten que atacar o intentar capturar a Maduro entraña riesgos considerables:
- Operacionales: fracasar en una operación encubierta o de asalto podría costar vidas y empujar a una escalada militar.
- Legales: la interpretación de la ley internacional y las prohibiciones estadounidenses sobre el asesinato de líderes plantea interrogantes sobre la legitimidad de acciones dirigidas contra un jefe de Estado.
- Políticos: incluso un éxito militar no garantiza la formación de un gobierno pro-estadounidense ni la estabilidad inmediata en Venezuela.
La administración ha justificado hasta ahora acciones limitadas, como ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, argumentando la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, otros motivos expuestos por funcionarios y por el propio presidente incluyen intereses petroleros y denuncias sobre el envío de criminales a Estados Unidos, acusaciones que han aparecido de forma recurrente en la retórica pública de Trump.
¿Qué implicaría autorizar operaciones encubiertas?
Trump ha considerado emitir un finding presidencial que permitiría a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela: desde campañas de información hasta apoyo a la oposición o sabotaje. Aunque los hallazgos presidenciales son instrumentos empleados por gobiernos para habilitar acciones secretas, anunciar públicamente esa intención subraya la magnitud de la presión sobre Maduro y el riesgo político de la estrategia.
Mientras varios asesores presionan por medidas drásticas, también existen advertencias internas. Algunos aliados recordaron a Trump su promesa de poner fin a las “guerras eternas”, y han pedido cautela ante la tentación de abrir un nuevo conflicto.
Según asesores, es probable que Trump no tome una decisión inmediata hasta evaluar la llegada de refuerzos militares, incluido el portaaviones Gerald R. Ford, y el efecto acumulado de las maniobras y la presión diplomática. El Ejecutivo prepara, simultáneamente, argumentos legales y operaciones de coerción que podrían preceder a una orden definitiva.
Medidas de presión militar ya visibles
En las últimas semanas, la presencia militar estadounidense en la región se ha intensificado: portaaviones, bombarderos B-52 y B-1, y unidades especializadas han realizado maniobras y despliegues que el Pentágono presenta como demostraciones de fuerza. El portaaviones USS Gerald R. Ford se espera que llegue a mediados de mes, sumándose a unos 10.000 efectivos ya desplegados en la zona, según estimaciones de funcionarios militares. Además, el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales realizó ejercicios frente a la costa venezolana.
AJA