El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo de León presentó este lunes una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez penal Fredy Orellana, a quien acusa de intentar declarar vacante la Presidencia de la República mediante resoluciones ilegítimas.
El mandatario pidió la suspensión provisional y destitución definitiva del juez, al considerar que incurrió en faltas graves y gravísimas, entre ellas interferir en funciones de otros organismos del Estado.
Según Arévalo, Orellana actuó con abuso de autoridad al ordenar la anulación de la personería jurídica del partido oficial Movimiento Semilla, pese a que esa facultad corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la resolución del juez el pasado 29 de octubre, reafirmando la inalterabilidad de los resultados electorales y el respeto al mandato del presidente, elegido democráticamente en 2023.
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La denuncia se suma a una crisis política que no cesa
Arévalo, quien llegó al poder tras vencer sorpresivamente en las elecciones de agosto de 2023, ha denunciado de forma reiterada los intentos de “golpe de Estado” impulsados por el Ministerio Público (MP) y su titular, Consuelo Porras, así como por el propio juez Orellana.
Ambos funcionarios se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y por obstaculizar la transición democrática.
El presidente sostiene que estas maniobras forman parte de un plan “para subvertir el orden democrático y la voluntad popular” expresada en las urnas.
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Un año marcado por los embates de la Fiscalía
Desde su triunfo electoral, Arévalo ha enfrentado acusaciones sin fundamento de fraude, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y una investidura accidentada en enero de 2024, retrasada más de 12 horas por amenazas políticas.
El entonces presidente Alejandro Giammattei no acudió a entregar el mando, y la comunidad internacional —incluida la OEA y la Unión Europea— fue clave para garantizar la toma de posesión.
En 2024, la Fiscalía volvió a atacar al Movimiento Semilla, acusándolo de irregularidades en su formación. Incluso algunos militantes, como el abogado Eduardo Masaya, denunciaron presiones para aceptar cargos falsos con el fin de justificar la persecución contra el partido.
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La nueva ofensiva judicial y el respaldo internacional
El último intento de deslegitimar a Arévalo se produjo el viernes pasado, cuando Orellana ordenó al TSE declarar vacante la Presidencia, bajo el argumento de que el Movimiento Semilla estaba suspendido.
El presidente respondió con un mensaje en cadena nacional, calificando al juez como un “sicario judicial” al servicio de Porras y denunciando un nuevo golpe de Estado en marcha.
Pocas horas después, la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó la legitimidad de las elecciones de 2023 y exigió respetar la voluntad popular.
Mientras tanto, Arévalo ha evitado destituir a Porras debido a vacíos legales, por lo que deberá convivir con ella hasta mayo del próximo año, cuando el Ejecutivo elija una nueva cúpula del Ministerio Público.
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Guatemala en tensión: la democracia a prueba
La situación en Guatemala se mantiene en un clima de inestabilidad institucional, con un presidente que denuncia sabotajes desde dentro del aparato judicial y una Fiscalía señalada por corrupción y abuso de poder.
Arévalo ha reiterado que su compromiso es defender la democracia y la independencia de los poderes del Estado, mientras espera que la Junta de Disciplina Judicial y el Ministerio Público actúen conforme a la ley ante los delitos atribuidos a Orellana: prevaricato, abuso de autoridad, resoluciones violatorias de la Constitución y usurpación de funciones.
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El mandatario, que cumplirá en enero próximo su segundo año de gestión, enfrenta así un nuevo pulso con las viejas estructuras de poder que —según él— intentan mantener el control del país al margen de la voluntad ciudadana.
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