La controversia entre la BBC y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló esta semana después de que el mandatario calificara a la radiotelevisión pública británica de “corrupta” y asegurara que tiene la “obligación” de demandarla por presunta difamación. Sin embargo, pese a las disculpas formales emitidas por la cadena por errores en la edición de material audiovisual, la corporación británica ha reiterado que no reconoce base legal alguna para la denuncia que Trump busca impulsar.
En una entrevista transmitida por la cadena conservadora GB News, Trump insistió en llevar adelante acciones judiciales por la edición manipulada de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, difundida en el programa Panorama en 2024 y revelada recientemente por The Daily Telegraph. “Lo que hicieron es corrupto”, afirmó el presidente, al tiempo que sugirió que los recortes alteraron el sentido de su mensaje y podrían formar parte de un “patrón de difamación”.
Las revelaciones periodísticas derivaron en la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de la directora de informativos, Deborah Turness, en medio de cuestionamientos internos sobre los procedimientos editoriales. Días después, The Daily Telegraph publicó un segundo caso de edición incorrecta, esta vez en el programa Newsnight de 2022, lo que amplificó la presión pública sobre la cadena.
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Pese al clima de escrutinio, la BBC ha defendido su postura legal y su tradición de independencia editorial. La noche del jueves envió una carta al equipo del presidente estadounidense en la que lamentó los errores cometidos y confirmó que el documental no será reemitido, pero sostuvo su “completo desacuerdo” con la existencia de motivos para una demanda por difamación. La corporación subrayó que las equivocaciones fueron corregidas conforme a sus protocolos internos y rechazó que existiera intención de manipular el contenido.
Trump, por su parte, ha elevado el tono del conflicto. Antes de la emisión de la entrevista con GB News, declaró a periodistas a bordo del Air Force One que su equipo legal podría reclamar entre 1.000 y 5.000 millones de dólares en daños. En la conversación televisiva, sostuvo que la disculpa de la BBC es insuficiente si la cadena insiste en que no actuó deliberadamente.
La disputa también reavivó en el Reino Unido un debate histórico sobre la relación entre medios y poder político. Algunos defensores de la BBC han recordado de forma irónica el célebre caso Arkell vs. Pressdram de 1971 —popularizado por la revista satírica Private Eye— como símbolo de resistencia frente a presiones legales consideradas excesivas. No obstante, la corporación británica ha optado por una respuesta institucional: asumir los errores, reforzar sus procesos editoriales y mantener su posición jurídica sin caer en confrontaciones retóricas.
Mientras Trump promete llevar el caso a los tribunales, la BBC busca contener los efectos de la crisis y preservar su credibilidad como servicio público. El desenlace del conflicto podría tener implicaciones más amplias sobre la relación entre los medios de comunicación globales y figuras políticas que cuestionan su cobertura, un terreno donde la BBC, por ahora, apuesta por la firmeza y la prudencia.
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Con información de El País y Efe
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