El enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y varios gobernadores demócratas ha reavivado preocupaciones sobre el uso de las fuerzas armadas de la Guardia Nacional en territorio nacional, un tema que ahora también genera divisiones al interior del Partido Republicano, publicó el diario digital The Hill.
Durante el pasado fin de semana, Trump ordenó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional provenientes de California y Texas hacia Portland, Oregón, y Chicago, Illinois, desatando un choque institucional. Tina Kotek y JB Pritzker, gobernadores de esos estados, rechazaron la presencia militar federal sin su autorización.
La jueza federal Karin Immergut, designada por el propio Trump en 2019, dictaminó que la administración no podía federalizar a 200 elementos de la Guardia Nacional de Oregón para proteger una instalación del ICE en Portland, advirtiendo que la medida “difumina la línea entre el poder civil y militar”.
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Senadores republicanos: preocupaciones por el precedente
Aunque tradicionalmente alineados con la agenda de seguridad e inmigración del expresidente, varios senadores republicanos mostraron reservas ante el despliegue no consensuado de tropas.
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Thom Tillis (Carolina del Norte) expresó:
“Me preocupa que algún día un presidente demócrata haga lo mismo en estados conservadores. Sienta un mal precedente”.
Lisa Murkowski (Alaska), advirtió sobre el riesgo de politizar a las fuerzas armadas:
“Esto no es lo que nuestras fuerzas militares deberían hacer. Me preocupa profundamente”.
Otros como Susan Collins (Maine) señalaron que la coordinación entre el presidente y los gobernadores es crucial:
“Esto funciona mejor cuando hay concierto entre ambos niveles de gobierno”.
División republicana: autoridad federal vs derechos estatales
El senador Rand Paul (Kentucky) defendió el uso del poder federal cuando se trata de proteger instalaciones gubernamentales, pero coincidió en que enviar tropas debe ser una excepción.
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Por su parte, John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, sostuvo que mientras se justifique la protección de personal federal, la medida puede tener sustento legal, aunque subrayó que la administración debe acatar las órdenes judiciales vigentes.
Un senador que solicitó el anonimato admitió que las acciones de Trump podrían percibirse como una provocación política:
“Parece que simplemente les está metiendo el dedo en el ojo”.
Reacciones demócratas y judiciales
Desde la oposición, el senador Ron Wyden (Oregón) calificó como una violación directa la decisión de Trump de ignorar la orden judicial:
“No hay duda de que desobedecieron a la jueza Immergut”.
La magistrada, además, calificó de infundadas las afirmaciones de la administración sobre un supuesto “Portland en llamas”, señalando que se trataba de reportes aislados de protestas.